Es un día también para recordar a todas aquellas personas que han sido víctimas de accidentes de trabajo sobre todo en el caso de las que pierden la vida en accidentes laborales y para tomar conciencia del importante problema que supone para la sociedad. Reducir la siniestralidad laboral es un problema social que debe ser abordado como una de las grandes prioridades por el conjunto de la sociedad.
Y es que mejorar las condiciones de seguridad de nuestras empresas es un reto que implica a las empresas, a los trabajadores y a las administraciones públicas a todos los niveles. Si mejorar la salud laboral es un problema que nos incumbe a todos, entre todos también tenemos que contribuir a diseñar y aplicar la estrategia para reducir la siniestralidad.
Por ello, durante estos últimos meses, hemos estado trabajando para poner en marcha el nuevo Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales 2017-2021, y que va orientado a la mejora de las condiciones de trabajo, a la integración de la perspectiva de género, a la consideración del factor de la edad y a la reducción de la siniestralidad laboral.
Una siniestralidad laboral cuyo repunte en el año 2016, hace todavía más necesaria la puesta en marcha de una nueva hoja de ruta en la que participemos todos los que tenemos algo que aportar.
Una estrategia en cuyo diseño hemos participado el Gobierno regional junto a los municipios y las diputaciones provinciales, la inspección de trabajo, los agentes sociales, las asociaciones sectoriales y las mutuas y servicios de prevención ajenos. En definitiva todas las entidades implicadas en la mejora de las condiciones de trabajo.
Esta maquinaria de participación social se ha estructurado en siete grupos de trabajo, que tras la evaluación de las más de 500 propuestas presentadas por todos los agentes, se ha traducido en un plan con 148 medidas de actuación englobadas en cinco ejes que engloban la difusión de la cultura preventiva, la integración de la prevención en la gestión de la empresa, los servicios de prevención ajenos, las enfermedades profesionales y el papel de las administraciones públicas en la seguridad y salud laboral.
Hemos estado trabajando en la elaboración de este acuerdo. Pero eso no implica en absoluto que hayamos esperado para tomar medidas que contribuyan a la mejora de la seguridad laboral. Hemos puesto en marcha acciones como las convocatorias de ayudas para mejorar las condiciones en el sector de la construcción y para fomentar los proyectos de inversión en seguridad y salud.
También estamos llevando a cabo la nueva programación técnica, que durante este año pretende estar presente en más de 3.300 empresas de la región, para prestarles asesoramiento y asistencia técnica y que puedan así mejorar la integración de la prevención en sus sistemas de gestión, contribuyendo por tanto a mejorar las condiciones de seguridad laboral.
La campaña de la OIT con motivo de la conmemoración de este Día Mundial en 2017, se centra en la necesidad fundamental de los países de mejorar su capacidad para recopilar y utilizar datos fiables sobre seguridad y salud en el trabajo.
En esta línea, la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha cuenta desde 2007 con el Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales, configurado como un órgano colegiado y participativo, para la consulta y asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales. Contar con datos fiables sobre seguridad laboral, la siniestralidad y sus causas, es fundamental para poder establecer la hoja de ruta que nos permita tomar medidas para atajar este problema.
Quiero terminar reconociendo la labor de todas y todos aquellos que, tanto en el ámbito público como en el privado, trabajan día a día para que el trabajo en Castilla-La Mancha, en España y en todo el mundo, sea cada vez más seguro y saludable, en la convicción de que entre todas y todos seremos capaces de hacerlo posible.
Patricia Franco
Consejera de Economía, Empresas y Empleo
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