Los hechos se remontan a finales del pasado año, cuando 39 trabajadores de TRAGSA solicitaron pasar de la categoría de fijos discontinuos a la de fijos. Al no atenderse esta reivindicación, presentaron una demanda. En esta situación, la propia sentencia reconoce ahora, que TRAGSA instó a los empleados a retirar la denuncia para recuperar sus puestos de trabajo, algo que hicieron todos menos un delegado sindical, siendo contratados todos excepto siete, con la intención de amedrentar al resto de trabajadores de la plantilla y un aviso al resto de las BRIF de España, punto que también ratifica ahora la sentencia. En este sentido, remarca que cuatro de los siete trabajadores despedidos son capataces y están en situación de "líderes de grupo", y establece que no se les contrata "con el fin de escarmentar a los trabajadores por su actitud reivindicativa y con el único fin de que la reivindicación desaparezca".
ACTITUDES "FASCISTAS"
Pedro J. Lucas, ha calificado como “Un día muy importante para la U.P. de CCOO de Cuenca, para los trabajadores readmitidos y para todos los trabajadores amedrentados y sometidos en las distintas empresas de la provincia, en los tiempos que corren, pues supone el reconocimiento del derecho a la reivindicación sin sufrir represalias” aplaudiendo la sentencia y criticando las prácticas laborales de TRAGSA que, ha recordado, "es una empresa semi-pública que tiene una actitud fascista en las relaciones laborales, siendo su relación con CCOO beligerante y nada dialogante".
Lucas ha remarcado que durante los meses de conflicto, el sindicato ha intentado negociar con la empresa "para que pudieran recapacitar y ver que lo que estaban haciendo con los trabajadores era una barbaridad"
Además, ha pedido la dimisión del delegado provincial de TRAGSA en Cuenca , Carlos Consejo y de la delegada de la empresa a nivel regional, Inmaculada Fernández, porque "son personas que han atropellado los derechos de los trabajadores, con actitudes inadmisibles más propias de otros tiempos".
La sentencia no es firme y cabe recurso por parte de TRAGSA, pero los trabajadores han de incorporarse al trabajo en un plazo máximo de diez días como así lo indica la misma.