Basta una fugaz ojeada a la etimología de la palabra diálogo para comprobar que la definición que ofrece la Real Academia, y más aún el uso corriente del término, adolecen de matices y, por ende, de precisión. Esto no pasaría de ser un problema de índole filológica si no fuera porque se ha hecho del diálogo morada de la democracia, refugio del intelectual progre al uso y cobijo de lo políticamente correcto. En los inciertos y confusos tiempos que corren se dice una y otra vez, por activa y por pasiva, hasta causar sopor, que lo primordial es dialogar; como si el diálogo fuera condición suficiente para la prosperidad, el adelanto o la perfección de cualquier asunto. El ínclito Pedro Sánchez, estadista sin parangón y martinete de la derecha cerril, resulta acaso uno de los mejores paradigmas de esta obsesión por el diálogo. Reclama «espacios de diálogo», se lamenta cuando «el diálogo se bloquea» –cuando los demás no se avienen a sus ensoñaciones, majaderías o inquinas– y envía mensajes de confianza a la sociedad española porque es plausible gobernar desde «la moderación y el diálogo», para lo cual es indispensable entablar un «diálogo sosegado» con los frenéticos de Podemos, previa genuflexión, y «retomar el diálogo» con los secesionistas, respetando, por supuesto, la indiscutible soberanía del pueblo de Cataluña. Como ven, el dislate toma asiento y amenaza con quedarse, de modo que conviene al menos un bosquejo rápido del fondo de la cuestión para no perder la cordura.
Aun cuando el diálogo pudiera ser condición necesaria para la praxis política, en modo alguno sería condición suficiente. Concedo que éste pueda indicar cierta norma de conducta políticamente deseable, pero en lo sustancial es un término vacío que en sí mismo no expresa absolutamente nada, flatus vocis de la política. Lo determinante está en el de qué (o el sobre qué), en el con quién y en el para qué se dialoga. Estas tres variables son las que dotan de contenido el diálogo; el mero clamar a su favor es puro embeleco, acaso un conveniente apero para labrar la demagogia.
Si hablamos de ese de qué del diálogo político en la España de hoy, el porvenir no puede ser más desconcertante. El prócer del actual socialismo de chapa y pintura, con menos horas de lectura que de ejercicio físico, está dispuesto a dialogar sobre la unidad y la identidad de España –aunque sospecho que ni siquiera sabría distinguir ambos conceptos–, con el federalismo como turbio telón de fondo; a dialogar sobre un cambio de política económica, incompatible con una economía de mercado y de imposible encaje dentro de la Unión Europea; a dialogar sobre las relaciones internacionales que mantiene nuestro país; y, si se lo propone, a dialogar sobre si el sol debe salir por el Este o por el Oeste. Si hablamos de ese con quién, hay que especificar que el presidenciable Sánchez no dialogará con todos, puesto que el «diálogo progresista» tiene sus límites; es excluyente. Encubriendo la inmundicia que también campa por sus propias filas, como quien esconde con disimulo el polvo debajo de la alfombra, alega que no cabe hablar con el corrupto Partido Popular, porque no representa a la mayoría social española, porque no está por «el cambio». Desconoce, olvida o soslaya Sánchez dos cosas. La primera es que si así fuera, si él representara a la mayoría, el diálogo sería del todo innecesario y ya estaría gobernando. La segunda es que el progreso tampoco resulta, en sí mismo, algo necesariamente positivo. Cualquiera puede progresar o avanzar hacia un acantilado, y entonces…
Lo relevante es, a mi juicio, el para qué se dialoga. Aparece aquí el pacto como medio para un fin, el acuerdo entendido en su acepción de «convenio entre dos o más partes» para lograr un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo, el poder o el bien de la nación? ¿Representa esto una auténtica disyunción? ¿Es ese fin realmente compartido por las partes que contraen el pacto? En clara alusión al monarca Carlos I de España, decía Francisco I de Francia que «mi primo y yo estamos siempre de acuerdo: los dos queremos Milán».
Ahora bien, como en todo pacto o acuerdo se contraen, por definición, una serie de obligaciones, se impone un delicado cálculo previo de los beneficios y perjuicios que se puedan derivar de las mismas para cada contrayente. Pero este quebradero de cabeza mejor dejárselo a quien tiene ahora la responsabilidad de formar gobierno.
Francisco Javier Fernández Curtiella.
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