Dichas jornadas se pusieron en marcha ante la problemática que se ha constatado no solamente en La Pesquera, sino en municipios de todo el país, donde propietarios de terrenos colindantes a caminos públicos han cortado éstos adueñándose de todo el espacio y negando así el paso a la ciudadanía. Un asunto sobre el que se debatió durante el sábado con la presencia de representantes de entidades como la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, la Plataforma ‘A Desalambrar’ (Córdoba), la Sociedad Caminera del Real de Manzanares (Madrid), SOS Patrimonio Conquense o Ecologistas en Acción del Valle de Alcudia (Ciudad Real) y de Las Pedroñeras (Cuenca).
M. Carmen García Domínguez, alcaldesa de La Pesquera, ha señalado que “la celebración de estas jornadas ha sido muy positiva porque han supuesto un nuevo punto de arranque para poder enfrentarnos a esta situación, ya que hemos salido reforzados para seguir luchando”.
En el caso de La Pesquera, cuando se constató este problema el Ayuntamiento se intentó poner en contacto con los responsables de los cortes a caminos públicos pero, al no recibir respuesta, optaron por encargar a ADIMAN un inventario de los mismos que se realizó en 2012. En total se identificaron 114 caminos, sumando un total de casi 156 kilómetros, de los cuales han sido cortados de forma presuntamente ilegal 11.
En este sentido, otra de las conclusiones a las que se ha llegado durante la celebración de estas jornadas es la importancia de hacer inventarios de caminos públicos por parte de cualquier Consistorio, según destaca Miguel Ángel Rubio, coordinador técnico de ADIMAN, pues “son la base fundamental para la conservación y protección de los caminos públicos, debiendo incluirse en el Catálogo de Bienes Inmuebles del propio Ayuntamiento”. Un trabajo concienzudo para el que hay que recurrir a documentos que se extraigan del Instituto Geográfico Nacional, del Catastro y de los Archivos Históricos Provinciales, entre otras instituciones, así como a testimonios de personas mayores del municipio, que son quienes conservan la memoria de la existencia de dichos caminos públicos.
Análisis jurídico-administrativo
Miguel Ángel Rubio añade que “durante estas jornadas hemos constatado que la mayoría de las veces son los propios vecinos o usuarios de los caminos públicos quienes tienen que tomar cartas en el asunto”, quienes en casos como el de La Pesquera han obtenido el apoyo de su Ayuntamiento, que se ha erigido en la administración defensora. El problema, continúa, es que “en muchas ocasiones las administraciones no se posicionan o, lo que es peor, se ponen del lado de los particulares que han cortado el camino público”.
Asimismo, se ha llegado a la conclusión de la necesidad de un cambio en la legislación o incluso de la elaboración de una legislación específica que determine que tienen que ser los particulares que corten un camino público quienes tengan que demostrar que es un espacio de su propiedad, no como sucede en la actualidad que son quienes defienden los caminos públicos quienes tienen que demostrar que son tales.
En cualquier caso, también quedó claro el respeto a la legalidad, es decir, que todas las organizaciones asistentes coincidieron en el hecho de que se han de seguir los procesos administrativos oportunos y “no asaltar las vallas o los cierres por las bravas”.
Memoria de los caminos públicos
Sobre la importancia de recuperar la memoria de los caminos públicos y de reivindicar su uso un claro ejemplo fue la celebración el domingo de una marcha senderista lúdico-reivindicativa por algunos de los caminos públicos de La Pesquera, durante la cual Federico Martínez, vecino de la localidad, se encargó de ilustrar a los presentes sobre los secretos de cada uno de los espacios que se iban pisando.
Y es que, puntualiza Miguel Ángel Rubio, “es importante utilizar estos caminos públicos organizando, por ejemplo, rutas senderistas que eviten que éste caiga en el olvido y que además supongan una mejora socioeconómica para el municipio en el que se ubican”.
Si (
No(
