Molina ha explicado que de esta manera Podemos Castilla-La Mancha cumple el compromiso de realizar una consulta que adquirió el pasado día 31 de mayo, día de la región, después de realizar todos los preparativos técnicos necesarios. En la consulta, las personas inscritas en Podemos CLM podrán decidir si los dos parlamentarios de la formación deben apoyar la investidura del socialista Emiliano García Page, siempre que se acepten los acuerdos alcanzados entre ambas formaciones, o deben abstenerse y no apoyar a ninguna formación. Según la ley electoral de Castilla-La mancha, esta abstención supondría de facto dar el gobierno a la lista más votada, es decir, la del PP de María Dolores de Cospedal.
Por otra parte, el secretario general de Podemos Castilla-La Mancha ha celebrado el acuerdo porque “supone un gran triunfo para la mayoría social de la región, para la gente, ya que compromete al futuro gobierno a desarrollar el Plan integral de lucha contra la desigualdad con el que Podemos se presentó a las elecciones”. Para Molina, “el acuerdo de investidura en Castilla-La Mancha es una victoria de la nueva manera de hacer política, con la gente y para la gente”.
En la comparecencia Molina también ha anunciado que su formación ha hecho público en su web el documento que recogen las trece medidas acordadas con el PSOE y que tendrá que ser sometidas a deliberación pública. Los trece puntos, explicados de una forma resumida, son los siguientes:
1. Procedimientos de Emergencia Ciudadana (PEC)
Establecer Procedimientos de Emergencia Ciudadana para asegurar aquellas prestaciones que garanticen la integridad física y psicológica y las condiciones de vida dignas de las personas. Los PEC tendrán prioridad presupuestaria y de tesorería y una especial dotación de recursos humanos y materiales para su tramitación. Estos pagos serán los primeros en efectuarse después del pago de las nóminas a empleados públicos.
2. Plan de Rescate Habitacional
El Plan de Rescate Habitacional contempla los mecanismos necesarios para asegurar que no se producirán desahucios sin que la administración haya intermediado para dar una alternativa habitacional o una negociación y acuerdo entre las partes. El alquiler social no podrá superar el 30% del ingreso familiar y se contemplará otras formas de posesión como el uso de la vivienda a cambio del mantenimiento y mejora de la vivienda.
El acuerdo también recoge una Ley de Sobreendeudamiento que haría efectiva la dación en pago o las quitas de las deudas hipotecarias tanto para familias como para pymes y autónomos (después de reconocerlos como consumidores). Esta ley recoge la limitación de la deuda hipotecaria al valor del bien hipotecado y ajustar la deuda al valor actual del inmueble y no al precio de la época de la burbuja. Esta práctica supondría una dación en pago retroactiva.
Podemos y PSOE se comprometen a instar al Gobierno de la Nación a retirar cualquier obstáculo que las actuales Leyes Concursales pudieran suponer para esta norma.
3. Auditoria pública y ley de auditoría ciudadana de la deuda
El próximo Gobierno de Castilla-La Mancha tendrá que poner en marcha un órgano de fiscalización externa y realizará una auditoría pública de la deuda en la que se abrirá el control y la auditoría a colectivos sociales y profesionales sin ninguna vinculación a las entidades con implicación en el organismo objeto de estudio. Antes del mes de agosto deberá de estar realizada una auditoria inicial (foto fija) que deberá ser ampliada a finales de año.
4. Plan de recuperación de servicios externalizados
Paralización de los planes de privatización de la administración pública y creación de un Plan de Recuperación de Servicios Externalizados. Tras la auditoría inicial se realizará un estudio de los sobrecostes generados por los procesos de externalización. También se realizará una auditoría de los sistemas sanitarios, defendiendo su carácter público tanto en la titularidad como en la gestión.
5. Plan integral de lucha contra la desigualdad social
Este plan, que tiene como objetivo luchar contra la pobreza energética, infantil y económica tendrá una primera dotación anual de 500 millones de euros. Esta partida presupuestaria estará integrada en los presupuestos de 2016.
El Plan Regional contra la Pobreza energética contempla la recuperación del carácter público de los suministros de electricidad y gas y la prohibición de cortar estos servicios cuando se trate de la vivienda habitual del suministrado y el impago de la factura sea debido a motivos ajenos a su voluntad.
En cuanto a la pobreza infantil y la malnutrición, se reforzará los servicios de comedor en las escuelas y se aumentará el número de plazas gratuitas con servicio de comedor.
El Ingreso Mínimo de Solidaridad será reformado, mejorado y coordinado y su cuantía tenderá a alcanzar el importe del salario mínimo interprofesional.
En este apartado el acuerdo recoge la recuperación paulatina del empleo público destruido por las privatizaciones, especialmente en los servicios públicos de Educación y Sanidad. También se velará por el acceso universal e igualitario a los servicios sanitarios, independientemente del origen y situación administrativa de las personas.
6. Ley de Dependencia
Derogación inmediata del Decreto 26/2013, de 23 de marzo de 2013, del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones. Elaboración progresiva del PIA (Plan Individualizado de Atención) para las más de 27.000 personas que se encuentran en el limbo de la dependencia. En el plazo de un año, todos los expedientes de Dependencia acumulados serán tramitados.
7. Reforma Tributaria Autonómica
Realizar una reforma tributaria que contemple el incremento en la progresividad del Impuesto sobre el patrimonio, el tramo autonómico del IRPF y el Impuesto de sucesiones y donaciones.
En el impuesto de patrimonio se reducirá el mínimo exento a un patrimonio neto de 400.000 euros frente a los 700.000 aplicables de manera general. Por parte del IRPF, el impuesto se reducirá para las rentas inferiores a 25.000 euros, se suavizará para las que se comprenden entre los 25.000 y los 50.000 euros y se aumentará para las superiores a esta cifra. Respecto al impuesto de donaciones, se eliminarán las bonificaciones que no tienen en cuenta la renta ni el patrimonio previo.
Estos cambios se deben coordinar con las distintas Comunidades Autónomas para evitar la competencia fiscal.
8. Ley de Transparencia y buen gobierno
Desarrollo de una ley de Transparencia y buen gobierno que permita el acceso real de la ciudadanía a la información sobre los criterios de adjudicación de los contratos públicos, la declaración de bienes, rentas y actividades de todos los cargos públicos; y los gastos de la Junta de Comunidades. También se regulará la acción de los lobbies y se endurecerá el régimen de incompatibilidades de los altos cargos.
El acuerdo recoge establecer un régimen de salarios de los diputados y diputadas de base que nunca superará, en sueldo neto, tres salarios mínimos españoles así como la incompatibilidad absoluta del cargo público con cualquier otra actividad pública o privada. Se eliminará cualquier tipo de privilegio respecto a un ciudadano normal, como puede ser régimen de pensiones, coches oficiales, móviles, etc.
Limitar drásticamente el número de altos cargos políticos y de libre designación de las consejerías como una forma de garantizar el trabajo eficaz y profesional dentro de la Administración.
Creación de una Oficina de Transparencia y Buen Gobierno, independiente y con autonomía presupuestaria, con capacidad de investigar y prevenir prácticas de corrupción.
9. Reforma de los modos de contratación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y sus empresas o entidades vinculadas
Reforma de los modos de contratación pública que garantice la transparencia y la publicidad del concurso para evitar monopolios. Garantizar la total independencia de la mesa de contratación y prohibir contratar con empresas condenadas por delitos de corrupción.
10. Aprobar una ley de participación ciudadana
Esta ley debe incluir la recuperación de la Iniciativa Legislativa Popular e impulsar la Petición Legislativa Popular (donde la ciudadanía se limita a establecer los objetivos), la Acción Legislativa Popular (versión avanzada de la ILP que concluye con una votación abierta) y la Iniciativa de Oposición Popular (oposición ciudadana a determinadas normas que afectan directamente a un conjunto de la sociedad).
Promover el asociacionismo y articular los Consejos Ciudadanos en ámbitos sectoriales y trasversales (Consejo Regional de Pacientes, de Estudiantes, de cultura, etc.). Estos consejos deben tener visibilidad pública y reconocimiento como interlocutor clave por parte de la Comunidad Autónoma.
Desarrollar herramientas de democracia digital y aprobar estrategias de gobierno abierto en la administración autonómica para aumentar la transparencia y participación ciudadana.
11. Modificación del reglamento de las cortes de Castilla-La Mancha y creación simbólica de un escaño ciudadano
Canalizar las peticiones solicitadas por parte de la ciudadanía a través de la vía parlamentaria para que puedan ser expuestas y defendidas de forma presencial en las Cortes.
12. Modificación del Estatuto de Autonomía
El nuevo Estatuto no debe ser, en ningún caso, el resultado de las propuestas exclusivas de una formación política, sino el resultado de un proceso constituyente que implique al conjunto de la ciudadanía. Ese proyecto de nuevo estatuto ha de caracterizarse por profundizar el autogobierno, promover una financiación basada en la solidaridad y ser refrendado en un referéndum.
También debe de ser socialmente consensuada una reforma de la Ley Electoral que contemple la circunscripción regional como forma de asegurar una verdadera representación democrática.
Creación y recuperación de órganos externos de control al Gobierno como el Defensor del Pueblo, el Consejo Económico Social y la Cámara o sindicatura de Cuentas. La reforma también contemplará la dedicación exclusiva del titular de la presidencia de Castilla-La Mancha y la supresión de los aforamientos.
13. Acuerdo institucional
El último punto se centra en un acuerdo institucional que recoge la creación de una comisión de seguimiento y de un observatorio ciudadano regional que impulsará políticas de regeneración democrática y participación ciudadana.
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