Tal y como ha destacado Leandro Esteban, la aprobación de esta ley es fiel reflejo del “compromiso firme de la presidenta Cospedal por elaborar y dotar a Castilla-La Mancha de unos principios que van a operar en nuestra región en los próximos años en este ámbito”.
A partir de ahora este anteproyecto de Ley será sometido a información pública, y posteriormente será evaluado por el Consejo Consultivo y presentado a las Cortes regionales, con el fin de que quede aprobado antes de que concluya la presente legislatura.
Año y medio con Portal de Transparencia
El consejero de Presidencia ha recordado que antes de la aprobación de la ley básica estatal, el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó el 28 de febrero de 2013 el Modelo de Transparencia y Buen Gobierno de la Administración regional, que ponía en marcha en junio de 2013 el Portal de Transparencia, un año y medio antes que en la Administración General del Estado, sin que además conllevara coste alguno.
“Hace año y medio que Castilla-La Mancha cuenta con un Portal de Transparencia a disposición de los ciudadanos para que se puedan conocer de manera pormenorizada, entre otras, las retribuciones de todas las personas que reciben su salario de la Administración regional”, ha subrayado.
Esto significa, a su juicio, que “Cospedal se ha vuelto a adelantar y a innovar en algo que está siendo adoptado en otras administraciones en estos momentos”.
Posteriormente, el 3 de septiembre de este año, ha indicado Esteban, el Consejo de Gobierno puso en marcha medidas para la implantación de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Entre otros compromisos, Leandro Esteban se ha referido a la puesta en marcha de distintos foros en los que “los ciudadanos pudiesen realizar sugerencias al Gobierno regional para su incorporación al anteproyecto de ley que hoy aprobaba el Consejo de Gobierno”.
Objetivos de la norma
En cuanto a los objetivos que persigue la norma, Leandro Esteban ha indicado que la ley “va a ofrecer más transparencia de los gestores y de su propia gestión.
Además, se establece el régimen jurídico del buen gobierno y se actualiza el régimen de declaraciones de bienes y el procedimiento del régimen sancionador aplicable en el caso de incumplimiento de las mismas.
Asimismo, se tipifican las sanciones en cuanto a incumplimiento en materia de incompatibilidades y conflictos de interés, en materia de infracciones de los principios de buen gobierno, de gestión económica y presupuestaria, y de reutilización de datos.
Se fomenta igualmente la participación ciudadana, para lo que “se va a evaluar la prestación de servicios y se recibirán sugerencias de los ciudadanos para mejorar los servicios de la Administración”.
Pasos adelante que ofrece la Ley
Entre las principales novedades que ofrece la nueva norma es que se fijan “nuevos compromisos de indicadores adicionales de transparencia”. Así, entre otras informaciones, los ciudadanos podrán conocer la situación de pagos y cobros de la Junta de Comunidades, así como la deuda pública de la Administración. Regional.
También ha destacado Leandro Esteban que con esta nueva regulación “se da un paso importante en la exigencia de responsabilidad, regulando el procedimiento sancionador”, ya que la propia ley prevé el cese inmediato de cualquier alto cargo en el caso de apertura de juicio oral en una causa penal.
La ley también fija un procedimiento de control del cumplimiento de la transparencia, donde se van a detallar los órganos responsables y los controles internos y externos. Se va a elaborar un código ético, de obligado cumplimiento para los altos cargos de la Administración, quienes deberán presentar una declaración responsable en el momento de su nombramiento y cese.
Otro de los aspectos novedosos de la norma es que se fijan mecanismos que permitan la participación ciudadana, basados en el uso de las nuevas tecnologías, así como que la regulación por ley en cuanto a la presentación de las facturas electrónicas.
Consejo regional de Transparencia y Buen Gobierno
Por otro lado, el consejero de Presidencia ha anunciado la creación de un Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno, que será un órgano independiente de control, y cuya creación tampoco va a suponer gasto público alguno. Estará compuesto por dos diputados designados por las Cortes, un representante del Consejo Consultivo, otro de la FEMP y tres de la Administración regional.
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