Pero ante las dificultades (sociales y políticas) para ubicar el AGP, ENRESA da un giro en 2004 y decide construir primero el ATC (con una vida útil de 60 años) dejando para más adelante un almacén definitivo, que tendría con una vida útil de decenas de miles de años. Para ello, el consejo de ministros aprueba en 2006 el 6º plan de gestión de residuos radiactivos.
La Plataforma considera que este 6º plan ha fracasado: los continuos retrasos han dejado sin sentido el ATC. Las centrales nucleares, ante la inminente saturación de las piscinas donde se encuentra actualmente el combustible nuclear gastado, ya han construido sus almacenes individuales o están iniciando tramites para su construcción. Seguir adelante con el ATC supondría un tremendo derroche en un momento en el que se multiplican las necesidades de la sociedad española.
Esta enorme cantidad de dinero público, bien gestionado, permitiría recuperar buena parte de los servicios perdidos tras los recortes del Gobierno en sanidad, dependencia, educación, etc. Por ello, la Plataforma ha iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org para que el Ministro Soria y María Dolores de Cospedal paren el derroche de dinero público del ATC.
MOVIMIENTOS DE ENRESA
El pasado jueves, ENRESA saca a concurso la obra principal del ATC por un valor de 270 millones de Euros. Pero la empresa pública no posee ninguno de los (al menos) seis permisos que necesita para su construcción. Además, en la actualidad, se siguen realizando sondeos de caracterización de los terrenos, debido sus elevados riesgos geológicos. Esto quiere decir que (según estimaciones de la Plataforma) podrían pasar entre un año y medio y dos hasta que se resuelvan las autorizaciones. Y siempre que los terrenos sean determinados como aptos.
Para la Plataforma estas prisas tienen dos motivos: seguir con las maniobras propagandísticas de cara a la población local y asegurarse tener el control sobre la adjudicación de la obra, ante el posible cambio político en las próximas elecciones, que incluso podrían suspender el proyecto.
Según la Plataforma hay dos candidatos para quedarse con este sustancioso contrato: OHL (empresa que ya se quedó con la obra del vivero de empresas anejo a los terrenos del ATC y principal donante al PP en los papeles de Bárcenas); e Iberinco, filial de Iberdrola de la que es directivo López del Hiero (marido de Cospedal) y que ya ha recibido contratos del ATC por valor de 34 millones de Euros. No es descartable que ambas empresas participen en el contrato a través de una UTE o una empresa participada.
Además, para una empresa fuera de la red clientelar trenzada por Cospedal, Lopez del Hierro y Gil-Ortega (presidente de ENRESA), es muy difícil acceder a este contrato puesto que la falta de permisos supone una inseguridad jurídica difícil de asumir. En los pliegos de clausulas administrativas redactadas por ENRESA, cualquier paralización o retraso lo debe asumir la empresa adjudicataria.
Por su parte el alcalde de Villar de Cañas ya cuenta con su parte del pastel (se repartirán 172,50 millones de Euros entre los municipios de la zona) y ha endeudado al consistorio hasta el punto de ser uno de los más deben (puesto 399) lo que supone 1.326,60 Euros por habitante (según datos del Ministerio de Hacienda). De esta manera, JM Saiz está obligado a defender con uñas y dientes la construcción del ATC para poder sanear sus cuentas.
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