Para ello, ha comprometido un ambicioso plan de reformas y modificaciones legales, tanto para el Gobierno como para las Cortes regionales, recogido tanto en el programa electoral del PSOE como en el acuerdo de investidura con Podemos.
García-Page aseguró que desde su presidencia va a impulsar el diálogo permanente con la sociedad y en este sentido propondrá la creación inmediata de un Foro de diálogo con la ciudadanía para tratar los asuntos más importantes que afectan a nuestra sociedad, órgano que estará encargado, de cada seis meses, evaluar el programa electoral. Igualmente, volvió a reiterar su compromiso de realizar consejos de gobierno monográficos y abiertos una vez al mes con un colectivo u organización.
El candidato anunció también que impulsará la modificación del Reglamento de las Cortes y de las distintas normas para poner en marcha una Ley de Participación Ciudadana que además de la iniciativa legislativa popular contemple otros mecanismos de participación como la petición legislativa popular, la acción legislativa popular o la iniciativa de oposición popular.
Esta norma también servirá para armonizar los consejos asesores y de participación ciudadana en los diferentes ámbitos sectoriales; contemplará herramientas de democracia digital y la creación de un escaño ciudadano. “Queremos que las Cortes de Castilla-La Mancha sean la casa de la ciudadanía en su acepción más noble y bella”.
Castilla-La Mancha, zona libre de corrupción
Por otra parte, el presidente García-Page aseguró que va a ser “radicalmente contundente” contra la corrupción y anunció que su gobierno se personará en los juzgados tanto contra los corruptos como contra los que corrompen, porque quiere que “Castilla-La Mancha sea declarada zona libre de corrupción”.
Igualmente, anunció la supresión de los aforamientos de los que actualmente disfrutan los parlamentarios y los miembros del consejo de Gobierno y la creación de una oficina de Transparencia y Buen Gobierno, dependiente de las Cortes de Castilla-La Mancha, con capacidad para investigar y prevenir prácticas de corrupción.
Trasparencia y buen gobierno
El nuevo responsable del Ejecutivo castellano-manchego anunció una Ley de Trasparencia y Buen Gobierno con medidas muy concretas.
Entre ellas la puesta en marcha de una web de trasparencia institucional para garantizar el acceso real a los ciudadanos a la información de la administración pública; la publicación de las declaraciones de bienes, rentas y actividades de todos los cargos públicos, sus gastos de representación y sus agendas públicas; la publicación mensual de la ejecución de los presupuestos regionales o la regulación de la acción de los lobbies con la máxima trasparencia para evitar las puertas giratorias.
Otras medidas que contemplaría esta norma son la limitación drástica del número de altos cargos políticos, de los contratos de alta dirección, de los contratos mercantiles y de libre designación tanto en las consejerías como en las empresas públicas dependientes de la Junta.
Reiteró también lo comprometido en campaña electoral para que todos los altos cargos del Ejecutivo paguen sus impuestos en la región y unas estrictas normas de incompatibilidades y la fiscalización externa de los miembros del gobierno.
García-Page se comprometió, igualmente, a reformar los modos de contratación de la Junta de Comunidades y sus empresas y entidades vinculadas para garantizar la total independencia de las mesas de contratación y la accesibilidad pública de todos los contratos. En este sentido anunció que centralizará, en una sola oficina, la contratación de bienes, obras y servicios de toda la administración regional.
Una televisión regional plural e independiente
Sobre la radio y televisión públicas de Castilla-La Mancha, el nuevo presidente volvió a reiterar su compromiso de mantener su carácter público y no privatizarla. Y lo que es más importante, indicó que “nunca más estará sujeta al dictado del Gobierno. Queremos una televisión que aunque sea modesta, tenga calidad, pluralidad, independencia y rigor”. En este sentido informó que en el tiempo más breve posible el nuevo gobierno remitirá un texto que reforme la actual Ley de este ente público que contemple la elección por mayoría cualificada de 3/5 de los parlamentarios de la cámara del director general entre profesionales de reconocido prestigio.
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