El pasado 21 de febrero de 2023, el Consejo de Ministros aprobó la clausura de parte del trazado de la línea ferroviaria 310 Madrid-Cuenca-Valencia; en concreto, el trayecto parcial Tarancón-Utiel. Contra dicha medida, las organizaciones citadas, agotada la vía administrativa, anunciaron sus recursos en vía judicial el pasado mes de julio. Recursos cuyas demandas han sido presentadas el pasado día 7 de diciembre.
Una parte sustancial de la sociedad afectada por ese cierre, agrupada en sus instituciones
municipales y asociaciones de muy variada índole, se opuso con todos los mecanismos legales a su alcance, a esa decisión, poco o nada justificada. Es injustificada hasta el punto de rozar una escena de cine 'berlanguiano' -pero del malo-, en cuanto al momento temporal elegido: Cerrar una línea ferroviaria, en el “Año europeo del Ferrocarril”.
En un caprichoso requiebro de la lógica se decidió un cierre ferroviario en contra de un consenso científico mundial acerca de que el tren es el medio masivo de trasporte (de personas y mercancías) destinado a ser protagonista de la lucha contra los gases de efecto invernadero y el cambio climático. Esa decisión contó con el impulso de lobistas inmobiliarios, ávidos de 220.000 metros cuadrados de suelo ferroviario en el centro de la ciudad y, por tanto, absolutamente ajenos al interés general de la ciudadanía.
Hablamos de una decisión nada democrática, ajena al derecho de participación ciudadana que prevé nuestra Constitución, a la rentabilidad social y el derecho de igualdad. Es contraria, también, al derecho de movilidad universal de todas aquellas personas que por razones de edad, salud o económicas no dispone de permiso de conducir, vehículo propio, o ambas cosas.
La medida fue tomada por una élite funcionarial y tecnocrática, ajena a la realidad social de los pueblos de la España vaciada; que igual que justifican el éxito de la liberalización ferroviaria por el aumento de viajeros subsiguiente a un aumento de oferta; justifican el cierre de una línea a la que llaman deficitaria, cuando la realidad es que los ciudadanos dejaron de usarla porque apenas había oferta, y la que escaseaba era mala.
Frente a todos esos desatinos y en representación de la gran masa social a la que representan, CCOO, Ecologistas en Acción (EA) e Izquierda Unida (IU) anunciaron un recurso contencioso administrativo que fue admitido el pasado mes de julio por el órgano competente y que culminó en las demandas que han sido presentadas el pasado día 7, frente a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.
Los recursos ponen en evidencia aspectos graves de unas administraciones que, 45 años
después de aprobarse nuestra vigente Constitución, siguen demostrando que quedan resabios de un tiempo en que la propia administración actuaba sin respeto a la ley, y al interés superior del administrado, que no es otro que el ciudadano destinatario de derechos.
Tanto CCOO, como EA e IU, han sido conscientes del atropello ciudadano de casi 180.000 conciudadanas; cifra que se eleva a casi 5 millones si incluimos la población de ambos extremos de la línea que son la primera y tercera capitales de España. Con esta arbitraria decisión pierden una importante opción de movilidad más segura y sostenible, en una importante porción del territorio que servía la línea 310. Por ello, y reforzando las demandas de los pueblos de la línea, con los que dichas organizaciones ya colaboramos muy activamente, hoy nos complace anunciar esta demanda en la que tenemos depositadas grandes esperanzas en que se haga justicia.
El hecho de que se haya admitido la medida de suspensión cautelar de la decisión de clausura que se impugna, ya ha sido una victoria parcial. Nos parece acertada la valoración del Tribunal Supremo al evitar un daño irreparable sobre un activo que es patrimonio de toda la ciudadanía, sobre la que se ha actuado en vía fáctica y sin respetar las formalidades legales a los que obligan las leyes administrativas, laborales y hasta la Carta Magna. Se abre un nuevo horizonte inédito en la reciente historia del ferrocarril: la que contempla la posible reversión de una malísima decisión política, a su estado anterior, para poder hacer las cosas bien y contando con la ciudadanía que es sujeto pasivo de derechos, y con la que se debió contar desde el principio.
Unas demandas que suponen una demostración de la fortaleza de las instituciones democráticas, de la separación de poderes y del funcionamiento correcto del estado de derecho. Que el tren, que es el medio de transporte más social, sostenible y universal, gane esa batalla para la ciudadanía, será una prueba importante de que sí se puede.
Si (
No(
