Victoria sindical definitiva para Comisiones Obreras de Cuenca y las 23 personas afiliadas al sindicato parte de la plantilla de la cárnica Luis Loriente SL de Tarancón. El Tribunal Supremo avala el fallo del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cuenca de hace tres años que obligaba a los administradores a responder con su patrimonio de los salarios que dejaron sin abonar a estas 23 personas, 292.846 euros más los intereses generados.
La trascendencia del auto del Tribunal Supremo la ha explicado esta mañana en rueda de prensa la secretaria general de CCOO Cuenca, María José Mesas, y el abogado Javier Cabero, repasando la cronología de un asunto que arranca a mitad de 2008, cuando la sociedad presentó un concurso voluntario de acreedores que supuso su liquidación.
Los administradores concursales, como ahora refrenda el auto del Tribunal Supremo, actuaron indebidamente al dejar de abonar los salarios de los 23 afiliados y afiliadas de CCOO, cuando otras personas trabajadoras sí recibieron sus salarios. “Cuando en 2017 los administradores dieron fin al concurso hicieron una rendición de cuentas que no nos convenció, desde CCOO instamos al juzgado a no aprobar esas cuentas, porque otros trabajadores habían cobrado, pero no cobraron los 23 afiliados de CCOO en la plantilla; incluso abonaron pagos a empresas acreedoras, cuando las deudas salariales a la plantilla deben tener preferencia por ley”, ha contado María José Mesas.
El sindicato reclamó la responsabilidad individual de los administradores concursales, “y en octubre de 2020 ya se nos dio la razón en el juzgado de Primera Instancia, se ratificó después en la Audiencia Provincial, pero faltaba el recurso de casación ante el Supremo”.
María José Mesas ha subrayado lo trascendental del fallo judicial, “como ya dijimos cuando la Audiencia avaló nuestra demanda, es la primera vez que se condena a unos administradores concursales a responder con su patrimonio personal por el daño económico causado”, y ha remarcado que “en 15 años los trabajadores han estado en una situación de indefensión y un perjuicio económico que ahora viene a ser resarcido”.
Esta batalla judicial es “uno de los trabajos más importantes de CCOO Cuenca, es necesario que la pongamos en valor, porque lanza un mensaje claro: Por complicada que sea la cuestión, donde entendemos que se ha actuado contra unos trabajadores, iniciaremos las acciones legales oportunas”, ha dicho la secretaria general del sindicato en la provincia, y ha tenido palabras de reconocimiento para Javier Cabero, “un abogado que siempre ha estado a la cabeza de casos importantes en defensa de los derechos de las personas trabajadoras, este caso es un reconocimiento merecido, junto a sus compañeros de los servicios jurídicos”.
El abogado de Comisiones Obreras ha dado más detalles de los pasos que la demanda ha seguido para conseguir corregir la actuación contraria a derecho de los administradores concursales al haber dejado de pagar los salarios de estas 23 personas, salarios generados en el tiempo en el que la extinción de los contratos se pospuso en dos ocasiones: “El primer auto que extinguía los contratos de trabajo se anuló, lo mismo pasó con el segundo auto, se echó atrás; pasaron unos cinco años desde que el procedimiento concursal hasta que los contratos se extinguieron, y a partir de ahí es cuando se iniciaron las reclamaciones de cantidad; si desde el principio se hubiera actuado conforme a la ley no hubiéramos llegado hasta aquí”.
Para el abogado del sindicato el final de la demanda es un aviso a navegantes sobre la responsabilidad de las personas que administran los procedimientos concursales, designadas por un juez: “En derecho mercantil los administradores concursales ordenan la marcha del concurso, cómo cumplir con los pagos, y hacerlo de acuerdo a la ley”. Cabero ha subrayado que ya la Audiencia Provincial de Cuenca inhabilitó a estos administradores por seis meses.
Ahora “el máximo interés es que los trabajadores cobren”, ha indicado Cabero, explicando que “una vez el expediente del Tribunal Supremo vuelva a Cuenca, los administradores -un abogado y un economista- deben pagar; hay que ejecutar la sentencia, hacerla cumplir”.
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