El Grupo Popular de la Diputación de Cuenca presentaba esta mañana, en el primer pleno ordinario de legislatura, una moción en la que reclamaba el apoyo de la institución a los municipios afectados por el cierre de la línea de tren Madrid-Cuenca-Valencia, además de que el Equipo de Gobierno que preside el socialista Chana se retire como parte codemandada en el procedimiento judicial ante el Tribunal Supremo.
Ha sido Francisco Javier Doménech, alcalde de Huete, el encargado de exponer esta moción que, también, ha recogido la petición a la Diputación para que se una a los Ayuntamientos afectados en el recurso contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 21 de febrero de 2023 en el que se suprimía definitivamente, a pesar de que ya no circulaba el tren por la provincia desde julio de 2022, la línea de ferrocarril. “Lo que exigimos a la institución provincial, como responsable de velar por los intereses de los municipios de la provincia es que no intervenga en procesos judiciales en contra de los pueblos, sino que se alinee con nosotros y nos apoye en una petición justa y vital como es que nos devuelvan el tren”. Doménech, aunque se ha congratulado de nuevo por el reciente auto del Supremo en el que se suspendía cautelarmente el desmantelamiento del tren, ha mostrado otra vez su perplejidad ante que “tenga que ser la justicia la que imponga a las autoridades conquenses y nacionales algo de sensatez en todo este despropósito”
Recordamos que el 21 de febrero de 2023 el Consejo de Ministros acordó la clausura del tramo ferroviario entre Tarancón y Utiel de la línea 03-310 Aranjuez-Valencia Fuente de San Luis, perteneciente a la Red Ferroviaria de Interés General. Once municipios de las provincias de Madrid, Toledo, Cuenca y Valencia, presentaron un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el citado acuerdo del Consejo de Ministros y solicitando la medida cautelar de la paralización de cualquier acción de desmantelamiento de la línea, para que la justicia actúe en consecuencia y evite una situación irreversible o de difícil reparación en el caso de la eventual estimación de la demanda, explica la moción del Partido Popular, que detalla quienes fueron estos Ayuntamientos, Aranjuez, Santa Cruz de la Zarza, Vellisca, Huete, Castillejo del Romeral, Cañada del Hoyo, Carboneras de Guadazaón, Arguisuelas, Yémeda, Víllora, y Camporrobles.
“De igual modo, multitud de entidades y particulares presentaron en su momento recurso de reposición contra el cierre de la línea ante el órgano que dicta el acuerdo, es decir, el Consejo de Ministros, mostrando así el rechazo de la sociedad conquense al cierre de nuestra línea de ferrocarril. El Consejo de Ministros ha rechazado todos los recursos de reposición presentados”, apunta el escrito.
“Con fecha 24 de mayo, la Diputación Provincial de Cuenca se presenta como parte codemandada ante el Tribunal Supremo, poniéndose del lado del Gobierno de España para defender el desmantelamiento de la línea de ferrocarril. El 25 de mayo, y de igual forma, el Ayuntamiento de Cuenca se presenta como entidad codemandada ante el Tribunal Supremo, apoyando así al Gobierno de España en la decisión de supresión del tren”, detalla la moción. “El 26 de junio el Tribunal Supremo acuerda adoptar la medida cautelar de Suspensión de la ejecución del Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 21 de febrero de 2023, por el que se clausura el tramo ferroviario entre Tarancón y Utiel en la línea 03-310 Aranjuez-Valencia Fuente de San Luis, en los términos razonados, y solicitado expresamente por los municipios afectados. Posteriormente, la Abogacía del Estado recurre ante el Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la clausura del tren convencional. Ante esta noticia, pudimos leer en prensa las declaraciones del presidente de la Diputación apoyando el recurso de la Abogacía del Estado”, relata la moción del PP.
Los populares también han solicitado al Equipo de Gobierno de la Diputación que inste a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que amplíe la dotación presupuestaria para la renovación de infraestructuras urbanas de abastecimiento y saneamiento de las aguas. La asignación financiera de la última convocatoria, en 2020, fue de 30 millones de euros para toda la región, con 6 para cada provincia, “no llegó a materializarse por lo que los municipios no pudieron acogerse a la misma”. El dinero destinado a este fin se redujo en 2022 a solo 10.880.000 euros, “una cifra muy inferior a la inicial”. “De este modo, solo se van a poder financiar alrededor de 25 proyectos, lo que supone poco más de un 10% de los municipios de la provincia. En consecuencia, decenas de entidades locales quedan excluidas de esta convocatoria”, recoge el PP en la segunda de las mociones presentadas en el Pleno de hoy.
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