El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este lunes el nombramiento de Magdalena Valerio como nueva presidenta del Consejo de Estado, cargo en el que sustituye a María Teresa Fernández de la Vega.
La referencia del Consejo de Ministros destaca a Valerio como "jurista de reconocido prestigio", una de los dos requisitos que debe reunir la persona que ocupa la presidencia del alto órgano consultivo del Gobierno y, precisamente, el que tanto PP -que se abstuvo-, como VOX -que votó en contra- le negaron en su 'examen' en el Congreso al considerar que no era poseedora del mismo.
El resto de grupos parlamentarios sí votó a favor del nombramiento de Valerio, que tendrá ahora que tomar posesión de su cargo ante el Pleno del Consejo de Estado.
Valerio estudió Derecho en la Universidad Complutense, es funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social y de la Escala de Gestión de Empleo del INEM.
La exministra de Trabajo ha sido presidenta del Pacto de Toledo, y en el Congreso de los Diputados ha participado en la Comisión de Justicia, en la de Políticas de Atención Integral a la Discapacidad, en la mixta del Defensor del Pueblo y en la de Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales, a lo largo de las legislaturas X, XIII y XIV.
Ha trabajado además en diferentes niveles de la administración pública: en el INSALUD, en el INSERSO, en Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como concejala del Ayuntamiento de Guadalajara, delegada provincial de la Junta y como consejera del Gobierno de la citada comunidad en diversas consejerías.
Valerio sustituirá en el cargo a María Teresa Fernández de la Vega, que se mantiene en este órgano como consejera permanente y presidenta de la sección séptima del Consejo de Estado.
El nombramiento de la exministra de Trabajo fue apoyado la pasada semana en el Congreso por los diputados de los grupos parlamentarios de Ciudadanos, Unidas Podemos y PSOE, quienes destacaron, además de su experiencia en la administración y su prestigio jurídico, su capacidad para el diálogo y el consenso.
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