Este 23 de septiembre conmemoramos el Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, una efeméride en la que volvemos a poner de manifiesto un terrible drama que afecta a 1,8 millones de personas en el mundo, la mayoría de ellas mujeres y niñas, y que genera unas ganancias de 8-10 mil millones de dólares a nivel mundial, lo que supone un suculento negocio, en ocasiones, difícil de controlar.
España tiene el triste honor de figurar entre los principales países de destino de estas mujeres tratadas debido a que es también uno de los países en los que el consumo de prostitución es mayor.
No podemos obviar que el destino principal de las víctimas de trata con fines de explotación sexual es la prostitución y que esta, a su vez, constituye una profunda violación de los derechos humanos, que utiliza a las personas -principalmente mujeres y niñas- como simples mercancías, coartando su libertad y atacando su dignidad.
Podríamos profundizar también en la necesidad de dejar de relacionar la prostitución con la categoría de trabajo, “trabajo sexual” lo llaman algunos grupos parlamentarios, cuando estamos hablando de una relación sexual en donde el consentimiento viene regulado por una transacción comercial basada en la desigualdad, normalmente relacionada con la situación de pobreza extrema en la que se encuentran las víctimas y en una posición de poder de los hombres que compran los cuerpos de esas mujeres. El trabajo debe dignificar no someter ni explotar.
Es por todo ello que desde el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados hemos presentado una Proposición de Ley sobre prostitución en la que defendemos la abolición de la misma como única salida a la erradicación de uno de los problemas más graves a los que nos enfrentamos como sociedad, la existencia de centros de esclavitud, normalmente llamados “puticlubs”, en los que se compran y venden mujeres como si de mercados de carne se tratara.
En esta Proposición de Ley abordamos la abolición atacando todos y cada uno de los pilares que sostienen este mercado. Por un lado, el consumo, multando a los hombres que pagan por tener sexo con mujeres prostituidas e intentando desincentivar la demanda; por otro lado, castigando el proxenetismo haya o no lucro a través de él, también se castiga la “tercería locativa” poniendo el foco en los dueños de los locales en los que se ejerce la prostitución.
Subrayar que es muy importante dar una salida laboral digna a estas mujeres, por lo que celebramos enormemente el Plan Camino anunciado esta semana por el Gobierno e España, que contempla 204 millones de euros para reinsertar laboralmente a las víctimas y que servirá también para desarrollar programas que desincentiven la demanda de prostitución.
También el Gobierno de Castilla la Mancha está especialmente comprometido en este asunto reforzando económicamente, año a año, los recursos asistenciales destinados a las víctimas y trabajando intensamente en la prevención con campañas de concienciación a través de entidades especializadas que son fundamentales para cambiar el enfoque social en este tema.
Es necesario el compromiso social y de nuestros gobiernos frente a un problema que, por su dimensión, debe ser abordado a todos los niveles y desde todos los frentes, para conseguir que la prostitución sea abolida, mejorar las condiciones de vida de las mujeres prostituidas y avanzar hacia una sociedad más justa y democrática.
Mariana de Gracia Canales Duque
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