CCOO, a través de sus organizaciones territoriales y sectoriales pertinentes, dará todos los pasos administrativos y en su caso judiciales que sean necesarios para conseguir la anulación del expediente mediante el cual el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) pretende culminar la clausura y exclusión de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) de la línea 03-310 Aranjuez-Valencia, y en concreto el tramo Tarancón-Utiel.
El sindicato entiende que “todas las actuaciones encaminadas a esta decisión, tanto las de facto como las administrativas y jurídicas, se han realizado sin base ni cobertura legal”, por lo que solicitará la anulación de todo el expediente, incluyendo desde el ‘Protocolo General de Actuación’ suscrito el 9 de marzo por el MITMA, ADIF, la JCCM, la Diputación y el Ayuntamiento de Cuenca; al Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo.
Así lo ha anunciado la secretaria general de CCOO-FSC CLM, Lola Cachero, en rueda de prensa ofrecida esta mañana en la sede del sindicato en Cuenca, acompañada por el responsable del Sector Ferroviario, Fernando García; y por la secretaria general de CCOO-Cuenca, María José Mesas.
Los responsables sindicales han presentado el “extenso y detallado” informe elaborado por el Gabinete de Estudios Jurídicos de la Confederación Sindical de CCOO (GEJUR) para fundamentar las alegaciones que presentará el sindicato ante el MITMA contra las actuaciones ministeriales y para estar personado en el expediente, garantizándose así la posibilidad de acudir al Supremo para solicitar “el control judicial de la decisión de clausura de la línea, si llega a producirse.”
El sindicato, a través de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y Social de Cuenca de la que forma parte, también ha facilitado el informe del GEJUR a todas las Corporaciones municipales afectadas, para que las tomen en consideración y, en su caso, las tramiten ante el Ministerio.
Varios ayuntamientos lo han hecho ya, en respuesta al Oficio que les remitió a finales del pasado mes de abril el MITMA “a fin de que emita alegaciones en relación con la solicitud del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para que se proceda a acordar la clausura y consiguiente exclusión de la RFIG, relativo a la Línea Ferroviaria 03-310 Aranjuez-Valencia Sant Isidre, en particular en el tramo Tarancón-Utiel, considerando que carece de rentabilidad económica y social”
Es la primera vez que el MITMA se dirige a los ayuntamientos, a los que hasta ahora nunca ha dado audiencia ni traslado de sus actuaciones, “salvo al Ayuntamiento de Cuenca, que recibe un trato privilegiado, y a la Diputación, que en realidad no tiene competencias en la materia”
“Todo el expediente de exclusión de la Red Ferroviaria de Interés General es un paripé; un mero subterfugio para legalizar los hechos ya consumados por el Ministerio y ADIF, comenzando por el cierre desde el 8 de enero de 2021 del tramo Tarancón-Utiel con el pretexto de que a consecuencia de la tormenta Filomena había riesgo de caída de árboles sobre la vía. Casi año y medio después, aún no han localizado los árboles en cuestión”, subrayó Cachero.
“Eso sí, a partir de ese hecho consumado, ADIF y el MITMA han ejecutado diversas actuaciones encaminadas a legalizar a posteriori la clausura del tramo ya cerrado y a excluirlo de la RFIG en base a una supuesta falta de rentabilidad económica y social que, en el expediente remitido, no demuestra con datos objetivos ni con informes pertinentes.”
“No hay en el expediente ningún documento que justifique adecuadamente la falta de rentabilidad económica y social de la línea. No hay nada que pueda justificar que la supresión de la línea responde a intereses distintos de los que directamente genera, como el incremento de terrenos destinados a la promoción urbanística, la concesión de nuevas líneas de servicio de autobús y la supresión del ferrocarril tradicional en favor de la línea de alta velocidad, en un contexto de justificar su rentabilidad para su eventual privatización”, indicó al respecto María José Mesas.
Por su parte, Fernando García subrayó que el expediente omite también informe de los órganos de representación de las personas trabajadoras en las entidades RENFE Operadora y ADIF, “a pesar de que se trata de medidas que influyen directamente en el empleo y en las condiciones de trabajo del personal que presta servicios en la línea que se pretende suprimir; y a pesar de que los Comités Generales de Empresa tienen derecho a preceptivo informe, de conformidad con el art. 64 del Estatuto de los Trabajadores.”
García anunció también que la representación de CCOO en los ayuntamientos afectados pedirán por escrito a sus respectivas Corporaciones que se opongan “de forma contundente al cierre y desmantelamiento de la línea férrea, con el fin de que se garanticen para nuestro pueblo los mismos derechos que se tienen en las áreas urbanas o metropolitanas” y “para revitalizar el tren como fórmula para impulsar la movilidad de la España vacía o vaciada y para atajar la sangría demográfica que nos está llevando a una crisis poblacional con cada vez menos proyectos de futuro para las nuevas generaciones.”
Así mismo el Coordinador del Sector Ferroviario de CCOO en CLM indicó que “el Gobierno castellano-manchego y el Ministerio, en vez de acordar la mutilación y el desmantelamiento de una línea de ferrocarril, deberían haberse puesto de acuerdo en impulsar de una vez la puesta en marcha de las plataformas logísticas ferroviarias; en adecentar y poner en servicio la gran cantidad de estaciones abandonadas en la región; y en poner fin a la sangría de empleo que se viene produciendo en el sector en CLM, donde en los últimos años se han perdido más del 35% de los puestos de trabajo.”
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