La tormenta Filomena y la Covid-19 pueden lograr lo que el Ministerio, la Junta de Comunidades, Renfe y Adif no consiguieron, tras varios años intentándolo: la destrucción de la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia. Aprovechando ambas catástrofes, los gobiernos del Estado y de Castilla-La Mancha, parecen dispuestos a desmantelar la línea férrea, aplicando en Cuenca la conocida como “doctrina del shock”.
La periodista Naomi Klein designó como “doctrina del shock”, a las políticas económicas propuestas por el premio nobel y profesor de economía de la Universidad de Chicago Milton Friedman. Este prestigioso profesor, enemigo acérrimo del Estado del Bienestar, consideraba que había que percibir los momentos trágicos (golpes de estado, inundaciones, terremotos), como oportunidades de mercado que hay que saber rentabilizar.
Sostenía el profesor de Chicago que debemos aprovechar las catástrofes (como la tormenta Filomena y la Covid-19) para liquidar los servicios públicos de los Estados del Bienestar. Por lo tanto, cuando se declara una crisis conviene actuar con rapidez, para conseguir que se impongan los cambios de manera irreversible, antes de que la sociedad afectada sienta nostalgia por la pérdida de sus derechos.
La “doctrina del shock” la experimentó Milton Friedman, durante la década de los setenta, siendo asesor del dictador chileno, el general Augusto Pinochet. Más tarde, fue aplicada con éxito por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, entre otros. Y como la ironía de la historia lo pone todo patas arriba, la “doctrina del shock” la pretende ejecutar en Cuenca el gobierno de Castilla-La Mancha.
El gobierno de García-Page, parece dispuesto a poner en práctica, sin contemplaciones, las recetas recomendadas por Friedman. En primer lugar, recortes en la inversión pública, es decir, como exigía la CEOE-CEPYME de Cuenca, que el Ministerio de Transportes, Movilización y Agenda Urbana (MITMA) no invierta en la línea de ferrocarril. En segundo lugar, la privatización del transporte y la liquidación de los terrenos públicos, para que algunos privilegiados se enriquezcan, dando un pelotazo. Y, por último, la desregulación, que se llevará a cabo con la exclusión, de la línea Madrid-Cuenca-Valencia de la obligación de servicio público.
Que aprovechando la pandemia Covid-19 y la tormenta Filomena, el gobierno de Castilla-La Mancha aplique la “doctrina del shock”, para desmantelar el servicio público de transportes por ferrocarril, en la provincia más despoblada y atrasada de la región, constituye una infamia, que la ciudadanía jamás olvidará, aunque inunden sus buzones de una propaganda increíble, sobre la movilidad en el siglo XXI.
García-Page sentará un precedente muy peligroso, si después de afirmar en su programa de gobierno que el ferrocarril es una “infraestructura esencial” y que iba a "exigir la electrificación de todas las líneas", promueve ahora la destrucción de la línea férrea Madrid-Cuenca-Valencia.
Como las medidas de destrucción del ferrocarril son tan impopulares entre la ciudadanía, el gobierno regional las está acompañando de retóricas y planes ridículos, como el plan de poner una equis o una cruz, delante de Cuenca, que es una falsedad, poco democrática y sin porvenir.
Es inaudito que el gobierno regional cocine un improvisado plan, de espaldas a la ciudadanía, para que Cuenca no avance. Un engendro que carece de viabilidad técnica, financiera y administrativa y va en contra de los deseos de una gran parte de la población. Pero el PSOE pretende hacer aceptable su mejunje, tratando de cambiar la mentalidad de la sociedad.
Con esta finalidad, ha puesto en marcha, con espíritu de cruzada, una demagógica campaña de intoxicación sobre la movilidad del siglo XXI, utilizando todos sus poderes (estatal, regional, provincial y local), para convencer a la población de que la supresión de los bienes y servicios públicos del Estado del Bienestar en Cuenca, es una buena idea.
El problema que tenemos es que, como comentaba sobre la conocida como ley Brandolini mi colega, Luis Moreno (CSIC), requiere más trabajo desmontar un argumento estúpido que producirlo. De ahí la dificultad para expulsar los disparates existentes en el plan.
A pesar de este problema, la ciudadanía no deja de denunciar a un gobierno sin sensibilidad política, que aprovecha las catástrofes para aplicar políticas indecentes. La ciudadanía y las asociaciones (como Pueblos con el tren), no se cansan de aportar datos, que demuestran que el gobierno regional está actuando en contra de su programa y que lo que planteamos es lo que razonablemente convendría hacer, porque confía en que la capacidad de argumentar y de persuadir democráticamente, puedan acabar decantando las decisiones y reconsiderando las políticas.
Además de argumentar, en una sociedad abierta y democrática, estamos obligados a la movilización política. Es indispensable que la ciudadanía de la provincia de Cuenca se implique más en la defensa de la democracia y de los servicios públicos del Estado del Bienestar. Debemos exigir, con rebeldía cívica, que no pisoteen nuestra dignidad, no recorten los derechos fundamentales y reivindicar, ante la Junta, que cumpla el primer objetivo del Estatuto de Autonomía: superar los desequilibrios territoriales existentes, para cumplir con el principio constitucional de solidaridad.
Fernando Casas Mínguez
Profesor de Ciencia Política
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