El Partido Popular ha presentado un recurso en el que exige la suspensión y paralización del reparto de 2 millones de euros que la Diputación Provincial de Cuenca ha destinado, según las bases de la convocatoria, a solo cuatro municipios de la provincia, que son los que podían optar a ella al cumplir un requisito “totalmente injustificable tratándose de un territorio como el nuestro, como es que tengan más de 7.000 habitantes”. Curiosamente, se trata de localidades gobernadas por el Partido Socialista.
Los alcaldes de Horcajo de Santiago, Ledaña y Villaescusa de Haro, María Roldán, Clara Plaza y Cayetano Solana, respectivamente, también diputados, comparecían esta mañana en rueda de prensa para anunciar la interposición de este recurso de reposición y denunciar “la discriminación a la que somete el presidente de la institución, Martínez Chana y su equipo de gobierno, a 234 municipios de nuestra provincia”.
La alcaldesa de Ledaña y portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Clara Plaza, ha denunciado la “opacidad y falta de información” en todo el proceso en el que se gestó esta convocatoria y ha reiterado su sorpresa por el condicionante de que un municipio tenga que superar los 7.000 habitantes para optar a este dinero, “el corte podrían haberlo establecido en 5.000 habitantes, por ejemplo, y se hubiesen beneficiado siete municipios o 3.000 habitantes y podrían haber optado 9 localidades, 2.000 que en la provincia tenemos 14 o incluso 1.000, que también son grandes municipios, donde se hubiera llegado hasta 32 beneficiarios”. Otra de las incongruencias de esta subvención es el objeto al que va destinada, “a mejorar la calidad de vida, el mantenimiento de la población y el desarrollo de la actividad económica. ¿Los pueblos con menor población no tienen estas carencias?”, se ha preguntado Plaza que ha insistido en que el arreglo y mantenimiento de parques, cementerios, jardines, vías urbanas, casas consistoriales, obras hidráulicas, comunicaciones, fomento de empleo y cultura, tal y como recoge el texto de esta convocatoria, “son necesidades en la mayoría de los municipios de la provincia y tenemos el mismo derecho a percibir ayudas de la Diputación, no solo los cuatro elegidos”.
La alcaldesa de Horcajo de Santiago y diputada regional, María Roldán, ha afirmado que este reparto de dinero desde la Diputación, “sobrepasa todos los límites”. “Es un atropello a los municipios y una discriminación absoluta a los ciudadanos. Entendemos que es una convocatoria anticonstitucional porque es contraria al artículo 14 de nuestra Carta Magna se garantiza que todos los españoles somos iguales ante la ley vivamos donde vivamos y pensemos como pensemos”. Roldán ha culpado a Chana y al partido socialista de “discriminar a más de 100.000 vecinos de nuestra provincia porque viven donde han querido o les ha tocado por las circunstancias que sean. Nos están dividiendo en ciudadanos de primera y de segunda. No lo podemos consentir”, ha afirmado. La alcaldesa de Horcajo ha explicado que el recurso se sustenta en que “entendemos que la bases y la convocatoria son nulas por contradecir ese principio de igualdad y también vulneran el artículo 8.3 de la Ley General de Subvenciones que señala que la gestión de este dinero se debe de realizar de acuerdo con los principios de publicidad transparencia, concurrencia objetividad, igualdad y no discriminación. Ninguno de estos principios se cumple”, ha reiterado.
Por último, el alcalde de Villaescusa de Haro y presidente del Grupo Popular en la Diputación, Cayetano Solana, se ha remontado a noviembre de 2020 para explicar que a los dos millones de esta subvención destinada a cuatro municipios de la provincia y recurrida, se le unían otra partida destinada a mejoras urbanas, “en total había 4 millones de euros, la misma cantidad que desde el Grupo Popular habíamos pedido que se destinase a apuntalar el POS (Plan de Obras y Servicios) que supondría un incremento de un 50% y que hubiera venido muy bien para todos los municipios”, señalaba. Lamentaba Solana que pese a contar con “mas recursos que nunca, la Diputación no sea capaz de distribuirlos en toda la provincia”. “Esta convocatoria no lucha contra la despoblación, que debe de ser uno de los elementos claves en los que debe incidir la Diputación, no favorece el desarrollo de las comarcas, quedan, por ejemplo, totalmente discriminadas la Alcarria y la Serranía y no cubre competencias que son de la Diputación se limita a recoger servicios básicos que deben de prestar todos los ayuntamientos, incluso los más pequeños”, reiteraba Cayetano Solana, “la Diputación no solo puede estar al servicio de los pueblos grandes por un afán puramente electoralista”, concluía.
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