La Dirección General de la Función Pública ha lamentado que la intransigencia de la mayoría de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación del Empleado Público haya impedido alcanzar un acuerdo sobre el borrador del proyecto del nuevo decreto por el que se regula la prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la Junta de Comunidades.
Este nuevo decreto tiene como principal finalidad hacer compatible el derecho a teletrabajar del personal de la Administración regional con el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos que presta la Junta de Comunidades a la ciudadanía, garantizando en todo momento su buen funcionamiento.
Además, mejora la aplicación del teletrabajo en la Junta de Comunidades, teniendo en cuenta la experiencia adquirida en los últimos años, ya que Castilla-La Mancha es una de las pocas comunidades autónomas que dispone de un marco regulador propio, y permite adaptar la actual normativa autonómica a la nueva regulación estatal del teletrabajo aprobada el pasado mes de septiembre.
La Dirección General de la Función Pública ha recordado que el proceso negociador del borrador de este nuevo decreto se inició el pasado día 16 de febrero y concluyó ayer, lunes, tras dos semanas de negociaciones, sin acuerdo pese a la voluntad negociadora de la Administración regional, que había aceptado varias propuestas de la parte social sobre el texto inicial en aras a alcanzar un acuerdo sobre esta nueva norma.
Sin embargo, las organizaciones sindicales dieron ayer por rotas las negociaciones y votaron en contra del decreto al no poder asumir la Dirección General su propuesta sobre el cómputo de las horas de teletrabajo, ya que pretendían que en vez de semanal, como se planteaba en el borrador inicial, fuera mensual, es decir que los días de teletrabajo fueran acumulables a voluntad de los trabajadores con derecho a teletrabajar.
Una propuesta inasumible, ya que su aplicación, como pretendían los sindicatos, afectaría negativamente a la organización del trabajo en el seno de la Junta de Comunidades, sin que se pudiera garantizar el buen funcionamiento de los servicios que presta la Administración regional.
Durante las negociaciones, tampoco se pudieron aceptar otras propuestas sindicales inasumibles para la Administración, como, por ejemplo: el suministro de Wifi y el abono de un complemento salarial para hacer frente a gastos de luz, calefacción, aire acondicionado y mobiliario al personal que teletrabaje; que el teletrabajo se pudiera realizar no ya por jornadas completas, sino por horas, fraccionando la jornada laboral; o su pretensión de que en los días de teletrabajo se pudieran hacer jornadas de hasta 10 horas.
Una vez rotas las negociaciones por las organizaciones sindicales, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha decidido retomar el proyecto del decreto que se ha intentado consensuar en la Mesa de Negociación, por considerarlo adecuado para conciliar los intereses de todas las partes, y elevarlo al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, pues entiende que su contenido permite compatibilizar el ejercicio del teletrabajo con la adecuada organización de los recursos humanos en la Administración regional con el fin último, pero fundamental, de asegurar la correcta prestación de los servicios públicos a los ciudadanos.
Mejoras en el teletrabajo
El proyecto de decreto que presentó la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para negociar con los representantes de los trabajadores, amplía el ámbito de aplicación a todos los trabajadores, salvo para aquellos que realicen tareas de dirección y coordinación, tengan una atención directa al público o que, por el tipo de expedientes en los que trabajan, hagan imposible o incompatible esta forma de trabajar.
También, a través de la nueva norma, se garantiza la aportación por parte de la Administración regional de los medios tecnológicos para poder teletrabajar; se establece un plan de trabajo individualizado; se mejoran las medidas de seguridad y salud del teletrabajo; se garantiza el derecho a la desconexión digital; se fija el posible trabajo no presencial en situaciones extraordinarias y se crea una comisión de seguimiento para hacer evaluaciones periódicas y proponer mejoras en este ámbito.
Por último, Función Pública ha precisado que el teletrabajo no es una obligación, sino que tiene carácter voluntario y que al tratarse, en cualquier caso, de una nueva regulación, una vez que se apruebe, se estará abierto a mejoras en función de la experiencia que se vaya adquiriendo con su aplicación diaria en aras a conseguir la necesaria conciliación de intereses entre la empleadas y empleados públicos y la ciudadanía, a la hora de recibir unos servicios públicos de calidad.
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