Afirmaba Talleyrand que “es costumbre real el robar, pero los Borbones exageran”. Siguiendo la rancia tradición familiar de su estirpe, otro Borbón pone pies en polvorosa y toma precipitadamente el olivo acuciado por las investigaciones de los órganos judiciales suizos y españoles que le atribuyen la comisión de graves delitos económicos tales como el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. Ya Isabel II, hija de María Cristina (la mayor esclavista de su tiempo) y del rey felón, fue acusada por Emilio Castelar de “rapiñadora” por intentar apropiarse de bienes pertenecientes al Patrimonio Nacional. La Reina Castiza tuvo que abandonar la corona y su “corte de los milagros” ante la desafección popular, cruzando la frontera rumbo al exilio con el triunfo de la Gloriosa en septiembre de 1868. Alfonso XIII, por su parte, cuenta entre sus deplorables “hazañas” el encargo a su amigo el dictador Primo de Rivera de bombardear a la población civil del Rif con armas de destrucción masiva (gas mostaza, expresamente prohibido por el Tratado de Versallles y posteriormente por la Convención de Ginebra) y que tuvo como consecuencia la aniquilación de miles de niños, mujeres y hombres, al haber elegido como objetivo de los gases los frecuentadísimos zocos de las poblaciones rifeñas. Las elecciones municipales de abril de 1931 dieron el triunfo a las candidaturas republicanas en las grandes ciudades por el hastío de la población ante la corrupción y el pillaje institucionalizados. En palabras de Valle Inclán “los españoles han echado al último Borbón no por rey, sino por ladrón”. Alfonso XIII se fue del país con el equivalente a 50 millones de euros, fue degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, y considerado oficialmente un abyecto delincuente según la ley aprobada por las Cortes Constituyentes que lo declaraba culpable de alta traición como fórmula jurídica que resume todos los delitos del que fuera rey de España.
La última restauración borbónica surge del golpe de estado del 18 de julio de 1936 contra la Democracia Republicana: Juan Carlos Borbón fue designado digitalmente por un dictador fascista y genocida instalado en el poder gracias a la colaboración de la Alemania nazi y del fascismo italiano (Resolución nº 39 de la ONU). De hecho, el rey “demérito” nunca juró o prometió la Constitución de 1978 pero sí juró lealtad a las leyes fundamentales franquistas y a los principios del movimiento nacional. Tal y como reconoció Adolfo Suárez a la periodista Victoria Prego en una entrevista recientemente exhumada, la institución monárquica fue colada de rondón en la Ley de Reforma Política y en la Constitución hurtándola del veredicto de las urnas, ya que manejaba encuestas según las cuales triunfaba la República. De esta manera, y pese a las presiones de diversos jefes de gobierno de Europa Occidental, en España después de la dictadura, y al contrario de lo que sucedió en Italia tras Mussolini o en Grecia tras la dictadura de los coroneles, no hubo referéndum sobre la forma de gobierno del Estado, el pueblo no pudo pronunciarse y en las primeras elecciones (1977) se vetó la participación de las opciones republicanas, que permanecieron ilegalizadas.
Y si desde parámetros democráticos fue turbio e ilegítimo el origen de la actual monarquía, el ejercicio de la más alta magistratura del Estado hiede tanto a sentina e inmundicias que ha tenido como grotesco corolario la “espantá” regia, ayuna siquiera del duende del Divino Calvo. Libros semiclandestinos y con problemas para su publicación y distribución como “El negocio de la libertad” de Jesús Cacho, “Hasta la Coronilla, Autopsia de los Borbones” de Iñaki Errazkin, “Un rey golpe a golpe” de Patricia Sverlo o “El golpe que nunca existió” de Amadeo Martínez Inglés ya nos ponían en la pista de las corruptelas, mordidas, trapisondas y pelotazos protagonizadas por el poco recomendable personaje, pese al lacayuno ambiente oficial que se deshacía en ditirambos repetidos hasta la saciedad: “el rey campechano”, “el mejor embajador” o “el talismán”. Resulta cuanto menos curioso que los que dicen amar y servir a España y hacen ostentación de los colores de la monarquía en pulseritas y otros abalorios, sean quienes se dedican con mayor contumacia al pillaje y al saqueo del dinero público: Urdangarín, Rato, Zaplana, Bárcenas, Matas, Ignacio González, Ricardo Costa, Granados, Juan Carlos…
Pero los crímenes (presuntos) de la monarquía no se circunscriben exclusivamente a la figura de Juan Carlos de Borbón, sino que extienden a toda la institución, como se desprende del hecho de que los beneficiarios de las dos fundaciones offshore sean el actual rey y sus hijas, de la circunstancia de que Felipe tardara más de un año en comunicar los presuntos delitos al gobierno y sólo in extremis cuando se vio acorralado por la inminente publicación del escándalo y del brindis al sol de la renuncia a su herencia (nadie puede renunciar a una herencia si el causante no ha fallecido –arts. 991 y 816 del Código Civil). Por otro lado, si renuncia a la herencia, ello lleva consigo también renunciar a su condición de rey, pues ésta se adquiere por herencia (artículo 57 de la Constitución). El testimonio de la pareja sentimental y testaferro del emérito de que éste distribuía en cash opaco al fisco ingentes cantidades a todos los miembros de su familia, no hace sino corroborar que la beneficiaria de los presuntos delitos ha sido la casa real en su conjunto. Por tanto, intentar crear un cortafuego entre el anterior y el actual monarca es tarea vana.
Puestas en evidencia todas las miserias de una institución decrépita, antidemocrática y corroída por la corrupción, urge dar voz a pueblo soberano para que pueda decidir por la instauración de una República basada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la defensa de lo público y la justicia social.
Viva la III República!!!
Asociación "Ciudadanos por la República" de Cuenca
Si (
No(
