El Gobierno y las autonomías tratan de llegar a un acuerdo sobre los nuevos planes de desescalada, con el pase de Madrid a la fase 1 como principal escollo por segunda semana consecutiva, una vez que la baja inmunidad detectada en la primera oleada de la encuesta de seroprevalencia, de un 5 % de media, haya reforzado la idea de que conviene correr los menos riesgos posibles.
Dos meses después de que se declarara el estado de alarma, la epidemia de coronavirus sigue su lenta tendencia decreciente, como ya se había anunciado, con tres focos más activos que el resto, en Cataluña, la Comunidad de Madrid y Castilla y León, que acaparan la mayor parte de los nuevos contagios, que han aumentado ligeramente en el tramo final de la semana hasta superar de nuevo el medio millar.
Con la inmunidad por debajo de lo esperado, pero a la par que en el resto de países europeos, preocupa la capacidad de los sistemas sanitarios de atención primaria para hacer frente a unos rebrotes anunciados, a la vista de lo que está sucediendo en oriente y occidente, y también la responsabilidad cívica, después de algunos episodios vividos los últimos días.
ASIMÉTRICA Y FLEXIBLE
“No hay inmunidad de grupo ni la va a haber. Hay asimetría territorial, por eso lo lógico es hacer una desescalada asimétrica y flexible”, ha dicho en su comparecencia semanal en el Congreso el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha añadido: “Hasta que no haya vacuna habrá que aprender a convivir con esta nueva normalidad".
En este escenario, en el que la baja inmunidad invita a pisar el freno más de lo previsto, Gobierno y comunidades discuten los siguientes pasos en este “descenso”, unas, como Cataluña, con un “plan a la carta”, inspirado en alguna medida en el del País Vasco, y otras, como Madrid, con una propuesta global, que ya fue rechazada, no sin polémica, el pasado viernes.
"Esto no va de quién llega antes, sino de hacer las cosas bien para no dar pasos en falso que nos hagan retroceder a todos (…) Madrid está haciendo un magnífico trabajo, pero tiene un 11 % de prevalencia y Melilla un 1 %. Hay que adaptar la desescalada a estas realidades”, ha dicho Illa antes de reunirse con el consejero madrileño.
La Generalitat propone que, junto a Lleida, Girona y Catalunya Central, pasen también a la fase 1 las áreas del Garraf, Baix Montseny y el Alt Penedès, que forman parte de las regiones sanitarias metropolitanas sur y norte de Barcelona, y que la capital catalana y su área de influencia puedan relajar algunas medidas, en lo que de forma eufemística se ha definido como la fase 0,5.
También la Comunidad Valenciana plantea algunas restricciones puntuales en parte de las 14 áreas sanitarias que quiere sumar a las que dejaron la fase 0. Andalucía y Castilla-La Macha solicitan que inicien la desescalada las provincias rezagadas de Málaga, Granada, Toledo, Ciudad Real y Albacete.
De forma más lenta y segregada, Castilla y León pretende que otros 225.657 habitantes de 42 zonas básicas de salud, el 9,3 por ciento de su población, pase a la fase 1 este lunes, incluida el área del Bierzo y Laciana (León), aunque vuelve a dejar fuera a sus nueve capitales de provincia.
Mientras tanto, el Gobierno estudia acelerar la desescalada en municipios del mundo rural de menos de 10.000 habitantes, donde considera que "tiene poco sentido" mantener las mismas restricciones que en las grandes ciudades, según ha anunciado hoy la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera.
DOS MESES DESPUÉS
Tras dos meses de estado de alarma, el coronavirus ha dejado en España, según los datos oficiales a partir de los casos confirmados con pruebas PCR, 27.321 fallecidos, 229.540 contagiados -más de 50.000 de ellos sanitarios- y 143.374 recuperados de la enfermedad. En todo el mundo, el SARS-CoV-2 suma ya casi 300.000 muertos, 4,5 millones de infectados y 1,6 millones de pacientes curados.
Estas cifras distan del alcance real de una epidemia que, solo en España, de acuerdo con el estudio de seroprevalencia del Instituto Carlos III, habría afectado a 2,3 millones de personas y cuya mortalidad se estima sustancialmente superior a la consignada, especialmente por las muertes extrahospitalarias no contabilizadas, con las residencias de ancianos como principal foco.
Según los datos proporcionados por las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad, más de 18.000 ancianos han muerto con coronavirus o síntomas compatibles con la Covid en residencias, la mitad en Madrid y Cataluña, sin que computen en las estadísticas oficiales aquellos que no fueron diagnosticados mediante una prueba PCR.
Datos todavía no definitivos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) observan, también en esa línea, al menos 31.000 muertes más de las esperadas estadísticamente para esta época del año, cifra que pone de relieve el impacto de esta primera oleada de la epidemia, que continúa, no obstante, su ritmo decreciente en España.
Prueba de ello es el descenso de nuevas hospitalizaciones, de las 512 de ayer a 330 (124.225 en total), el mayor número de ellas en Madrid (106), seguida de Castilla y León (43), País Vasco (39) y Cataluña (38), y de ingresos en ucis, de 65 a 29, la mitad en Cataluña (14), seguida de Madrid (9), Castilla-La Mancha y País Vasco (2) y Andalucía y Castilla y León (1).
En las últimas veinticuatro horas se ha vuelto a superar, cinco días después, la barrera de los 200 muertos, con 217, 131 de los cuales han sido reportados por Cataluña. Sanidad estudia si se trata de un retraso de las notificaciones. Se ha incrementado ligeramente, además, el número de contagios (506), más de la mitad en Cataluña (195) y Madrid (88), si bien la incidencia acumulada sigue a la baja.
EL USO DE LA MASCARILLA
Las mascarillas, verdadero icono de las epidemias, han sido desde que se inició la crisis sanitaria objeto de debate sobre la conveniencia de su uso y motivo de polémica, tanto por las sucesivas partidas defectuosas retiradas como por los casos de especulación, debido a su escasez en las primeras semanas, lo que dio lugar a precios abusivos.
El debate sobre su uso -y también sobre la corrección a la hora de hacerlo- se inició con la pandemia y todavía continúa, hasta tal punto que el ministro de Sanidad abordará mañana con los consejeros autonómicos en el Consejo Interterritorial de Salud la necesidad de su uso obligatorio, por el que abogan, entre otras, la Comunidad de Madrid y Cataluña.
Parece que comienza a haber consenso sobre que el uso de las mascarillas debe ser obligatorio en lugares cerrados, como ya lo es en el transporte público, sobre todo cuando es tan difícil mantener la distancia de seguridad, lo que ocurre habitualmente en establecimientos como los supermercados.
"Hay argumentos a favor y en contra”, ha dicho Illa, quien ha explicado que en estos momentos "estamos en la fase de evaluar" si procede o no hacer obligatorio el uso de la mascarilla en determinadas situaciones, como en la vía pública cuando no se puede guardar la distancia de dos metros, que ahora se considera sólo “altamente recomendable”.
Otra cuestión, y no menos importante, es qué tipo de mascarillas son las adecuadas. En ese sentido, el Ministerio de Consumo ha desaconsejado este jueves el uso en la población en general de mascarillas tipo FFP2 -como las que distribuye actualmente a través de las farmacias la Comunidad de Madrid- y ha recordado que éstas sólo están recomendadas para profesionales en contacto con el virus y colectivos vulnerables bajo prescripción médica.
Siguiendo los criterios de la comunidad científica, se recomienda el uso de las llamadas mascarillas higiénicas en el caso de las personas sanas y sin contacto con la COVID-19 y de las quirúrgicas para las personas que hayan resultado contagiadas, tengan o no síntomas.
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