Estamos a una semana vista de la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea, si se cumplen los presagios de un BRexit sin acuerdo que se aplicaría a partir del día 12 de abril, si nadie lo remedia y en ello están intentando negociar una prórroga ante la falta de criterio de las autoridades británicas sobre como resolver este proceso minimizando el impacto económico y social del envite que la sociedad británica asumio en el referendum de 2016.
La primera pregunta que debemos formularnos es ¿Qué ha llevado al ciudadano del Reino Unido a votar en un referéndum la opción de abandonar un Club al que han pertenecido desde 1973 y cuyo abandono compromete el futuro del Reino Unido por generaciones?. La confirmación de que la ciudadanía del Reino Unido, probablemente aleccionada por políticos, nunca se ha creído en el Club más allá de la mera Unión Aduanera que ahora quieren mantener en un Brexit blando. La constante impugnación de cualquier paso que supusiese un avance hacia una Unión política más fuerte ha sido sistemáticamente torpedeado por los representantes británicos, desde la financiaciera, vía Cheque británico, a la política, vía boicot permanente a los avances políticos, pero también hay que leerlo, en clave interna, como un replanteamiento de la distribución de beneficios de la pertenencia a la UE ya que votaron mayoritariamente en favor de la permanencia los más instruidos, así como los más jóvenes, mientras que votaron abrumadoramente a favor de la salida las personas mayores, con menor formación, ubicadas en la periferia, desempleadas o atrapadas en empleos poco atractivos. Gran parte de este rechazo al significado de la UE se deriva de la exigencia de libre movilidad dentro de la misma como pilar de la construcción europea y que ha causado rechazo no solamente en el Reino Unido sino también en otros países del Club. En este aspecto es visible la contradicción que existe en los procesos de integración económica internacional, pues, por un lado, ellos estimulan la libre circulación de bienes, servicios, capital, información, y tecnología, pero por otro lado limitan o dudan del libre flujo de personas. Las migraciones tienden a perfilarse, correcta o incorrectamente, como una carga para los países receptores. Este aspecto fue intensivamente agitado en la campaña del referencum conociendo el creciente rechazo cultural a la inmigración de las sociedades occidentales avanzadas. Pero en este rechazo subyace un elemento de racionalidad evidente. Para las empresas, la política de libre movilidad ayuda a contener las alzas salariales, pero para los trabajadores nativos la inmigración implica menores salarios, mayores dificultades para el empleo y la percepción de que los inmigrantes absorben a través de los subsidios parte de los impuestos pagados por los locales. A todo lo anterior se unieron los resentimientos de diversos grupos por la pérdida de autonomía frente a Alemania y Francia y por la reducción del margen de maniobra de las autoridades británicas en temas como la tributación, el endeudamiento público y los niveles del déficit, sin olvidar un profundo rechazo al centralismo de Bruselas que limita la soberanía británica y su capacidad de decisión como Estado en cuestiones consideradas fundamentales por la ciudadanía británica.
¿ y ahora qué?. Después de dos años de negociaciones, que se fueron complicando a medida que se aproximaba la fecha de salida fijada, estamos ya en tiempo de descuento para que el Reino Unido abandone la UE. Debería haberlo hecho el 29 de marzo, y el temido “Brexit sin acuerdo” es una posibilidad que toma fuerza a ambos lados del Canal de la Mancha.
Pongámonos en situación. Cuando los británicos apostaron por la salida en el referéndum de 2016, el debate se centró en si finalmente habría “Brexit blando” -con el Reino Unido manteniendo una alineación lo más cercana con la UE- o un “Brexit duro” -rompiendo completamente el cordón umbilical-. Pero el “Brexit sin acuerdo” -también bautizado como “cliff edge” Brexit, el 'precipicio'- significa que, el Reino Unido quedaría completamente aislado del club al que ha pertenecido los últimos 45 años y sin ningún periodo de transición que permitiera a ambas partes adaptarse a la nueva situación. Porque no hay que obviar que el periodo transitorio que se habrīa establecido hasta diciembre de 2020 sólo tendría lugar si hay pacto de salida.
¿Cuáles serían las consecuencias económicas:?. Desde hace meses, las empresas llevan preparando planes de contingencia pero con enormes incertidumbres. BMW, por ejemplo, anunció hace algunos meses que la fábrica de Mini en Oxford adelantaría el mes de cierre que se hace por mantenimiento cada verano al 1 de abril “para reducir cualquier posible interrupción del suministro de piezas a corto plazo”. Sin embargo esta decisión ha quedado en el aire por el aplazamiento de la fecha efectiva de salida lo que pone de manifiesto que este caos negociador tiene ya repercusiones organizativas y económicas evidentes para el sector empresarial.
La preparación de las empresas para la nueva situación, sobre todo las pequeñas y medianas, también arroja muchas dudas. Las formalidades y el papeleo aduanero se incrementará en un 40% o 50%, según cálculos de la Comisión. Y las empresas europeas que importen productos del Reino Unido deberán abonar las tasas arancelarias, IVA e impuestos especiales correspondientes. Las que exporten a Reino Unido deberán solicitar la exención de IVA. La actividad diaria de miles de empresas europeas, en sus obligaciones formales y regístrales del tráfico comercial con el Reino Unido, será indudablemente perturbada. Y resulta recomendable un plan de contingencia y un chequeo de las compañías potencialmente afectadas sobre la disponibilidad de los recursos necesarios para encarar este desafío. Para entender la magnitud del desafio aduanero, en caso de un “no acuerdo”, el Gobierno estaría considerando cerrar la importante autopista del sureste de Inglaterra, la M26 en Kent, y convertirla en una especie de “área de espera” para hacer frente a los colapsos que podrían producirse en el puerto de Dover: hasta 10.000 camiones que quisieran pasar a la UE podrían quedar atrapados en controles de aduanas interminables., sin olvidar los recursos humanos y materiales adicionales que necesitaran los Servicios Aduaneros, especialmente, en Francia, Alemania, Holanda y España.
Por su parte, el Ejecutivo británico ha ido publicando en el último año diferentes informes sobre sus propios planes de contingencia ante el escenario de un Brexit sin acuerdo. Los documentos tratan sobre las disposiciones a adoptar para que no se resientan sectores estratégicos como el bancario, farmacéutico, la investigación nuclear y los derechos laborales, entre otros. Pero en general, son textos llenos de vaguedades. El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, sí ha sido más específico al advertir que la tasa de desempleo -actualmente en el 4%- podría alcanzar doble dígitos, que los precios de la vivienda podría caer entre un 25% y un 35% en tres años y que los enlaces de transporte con la UE, incluidos los viajes aéreos y el tren Eurostar, se podrían estancar. En algunas instancias gubernamentales se ha llegado llegado a comparar el resultado de un Brexit sin acuerdo con las consecuencias del colapso financiero de 2008, que llevó a Londres a aplicar unas dolorosas medidas de austeridad con recortes de 141 mil millones de libras y contundentes aumentos de impuestos. Por su parte, la agencia de calificación de riesgo crediticio Moody's, advierte que el impacto inmediato de un 'no-acuerdo' se notaría primero en una fuerte caída del valor de la libra, una devaluación que derivaría en inflación y en una restricción de los salarios de los trabajadores durante los próximos dos o tres años, lo que “deprimiría el crecimiento” del país. Para el Reino Unido, con un PIB de 2.390.192M.€ en 2018, lafalta de acuerdo y una desconexión abrupta supondría una contracción del 5% de su economía en un año, es decir, 119.000 m€ en el peor de los casos, y del 3% si se evitan las colas en las fronteras. El efecto de contracción de la economía británica supondría que más de 1 millón de trabajadores dejarían de serlo y pasarían de ser contribuyentes fiscales a consumidores de prestaciones con efectos presupuestarios imprevisibles en su gravedad.
Pero la pregunta del millón, es, con este panorama, ¿no habrá acuerdo de salida?
En este momento la postura más extendida, con independencia del momento en que se confirme nominalmente la salida o la forma de prórroga que se establezca, es que habrá acuerdo pero de mínimos que permita seguir negociando en el período de transición. El período de transición se utilizaría luego para precisar los detalles de los asuntos complicados de los acuerdos aduaneros, el acceso al mercado único y la supervisión legal. El gran problema es que requeriría que Westminster se comprometiera a pagar la factura de divorcio de 37 mil millones de libras sin garantía de acceso futuro al mercado comunitario que, hoy por hoy, representa el 48,5% del comercio total británico (importaciones y exportaciones de bienes y servicios).
Es innegable, pues, que las aguas se agitarán en los primeros momentos tras el Brexit y queda ahora un proceso de desconexión que lejos de ser una interrupción cómoda y sintética como afirmaban los partidarios de la salida, afectará a un sinfín de leyes y tratados tanto de índole Europea como de mercado exterior. La primera consecuencias ya se han hecho sentir en forma de bajadas en las bolsas y la moneda británica sufriendo en su cotización debido a la incertidumbre y aparecen las primeras iniciativas de fugas empresariales a plazas europeas en evitación de las futuras tasas arancelarias con la UE, pues es bien seguro que, aunque negociadamente, las tarifas sobre exportaciones e importaciones serán mayores que siendo miembro comunitario. Es previsible, en este entorno, que los aranceles empujen los precios al alza y que tenga efectos importantes sobre la cotización de la Libra con devaluación significativas. Por su parte, La City londinense puede recibir un golpe casi mortal por cuanto algunas de las grandes instituciones financieras ya han hecho público un importante desplazamiento de recursos materiales, humanos y operaciones, caso de consumarse una salida abrupta de la UE. Todo esto podrá provocar un efecto rebote, retroalimentando la incertidumbre bursátil y los fondos privados y de jubilación de los británicos, se verían seriamente afectados a la baja. Si todo esto se traslada a un escenario poco deseable, como un estado de insolvencia que requiera un rescate de algún Banco británico, supondría un desembolso altísimo para los británicos sin el apoyo de los instrumentos financieros europeos. Si la incertidumbre bursátil implica un riesgo país mayor, los mercados financieros pedirán mayores garantías y, por tanto, un mayor interés con lo que la financiación será más difícil y arrastrará valores de sectores como la construcción, el transporte o la investigación (y, con ello, las Universidades, pues parte de su potencial humano podrá pensar que su futuro estará más seguro en fronteras más amplias y muchos estudiantes que se forman en UK con becas europeas, que dejarán de tener efecto en el Reino Unido, abandonarán las islas).
Con respecto a la libre circulación de ciudadanos habrá cambios pero tampoco tantos como se podría esperar pues el Reino Unido no forma parte del espacio Schengen que aglutina una serie de tratados que garanticen la capacidad de todo ciudadano de la UE a circular libremente por los territorios adscritos. Este planteamiento es expresión del la actitud histórica del Reino Unido, esto es, beneficiarme de las obligaciones de los demás, pero reservando mi derecho a no participar cuando surjan problemas como las actuales crisis migratorias debidas a conflictos bélicos y dramáticas situaciones de desamparo humanitario. Es decir, la aplicación de la “Ley del embudo”, lo ancho para mi y lo estrecho para los demás. Ahora, también surgirán problemas con sus vecinos de Reino pues depende de que éstos (Gales, Escocia e Irlanda del Norte) acepten la batería de leyes orientadas a la desconexión que habrán de aprobar sus parlamentos respectivos. Escocia vería modificadas las condiciones por las que aceptó, en su pasado Referéndum de indepedencia, seguir adscrita a los territorios británicos por ser un medio seguro de pertenecer a Europa. Al mismo tiempo, Irlanda, necesita las ayudas al sector agrícola y ganadero pues son dos sectores clave en su economía y perderlas supondría encarecer costes importantes, sin obviar que la situación politica en Irlanda del Norte podría tensionarse de nuevo si se crean barreras comerciales y fronteras físicas entre las dos Irlandas.
Si nos acercamos a las aguas de Gibraltar, el papel es aún peor. Tienen una renta per cápita que ronda los 64000 dólares/año sólo detrás de Catar y Luxemburgo y el éxito de esta hazaña laboral es la relajada fiscalidad y la tributación al 10% en el impuesto de Sociedades que no exige tributación ni por los beneficios generados fuera del Peñón ni por los dividendos. Sin embargo, este centro financiero tiene los días contados cuando se convierta en frontera exterior de la UE, con las implicaciones que ello tiene para los llanitos pero también para los 12.000 trabajadores del Campo de Gibraltar que cruzan la frontera para trabajar.
Como puede verse, un escenario con un apasionante calado político que podría observarse como un experimento de laboratorio social de no tratarse de jugar con las vidas de tantas personas. La política debiera ser una forma de alcanzar acuerdos y sumar voluntades, no de crear discordias, sembrar miedos y edificar barreras pero eso sería posible si los líderes fueran tal cosa y no meras aves gallináceas de vuelo corto por su visión cortoplacista de la vida mientras que el resto del mundo exige certezas y planes a largo plazo que permitan una cierta estabilidad económica, social y política en una Europa cada vez más amenazada por potencias económicas y áreas geográficas emergentes dispuestas a desplazar el eje geoestratégico mundial fuera de la Vieja Europa.
Juan José Rubio Guerrero
Catedrático de Hacienda Pública. UCLM
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