El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Joaquín González Mena, ha asegurado hoy que las alegaciones presentadas por su grupo al presupuesto de 2019 no tienen otra finalidad que “obligar” a su presidente, Benjamín Prieto, a acatar la ley.
En este punto, ha recordado que los tribunales de justicia ya anularon el presupuesto del Consorcio 112 para el año 2016 por falta de negociación del Capítulo 1, el de personal, y ha advertido que “algo similar puede volver a producirse”.
González ha explicado que, previamente a la aprobación inicial del presupuesto 2019 por el Pleno de la Diputación el 28 de diciembre, la interventora hizo un reparo no suspensivo en la Comisión de Hacienda advirtiendo que se superaba la masa salarial permitida a la Institución provincial por la creación de seis plazas nuevas de bomberos. Ante ese reparo de la Intervención, el Grupo Socialista hace un voto particular al dictamen de la comisión que se desestimó en el pleno del 28 de diciembre.
Por su parte, el Equipo de Gobierno del Partido Popular presentó, quince minutos antes del pleno, una enmienda en la que proponían desdotar económicamente cinco puestos de la Diputación para mantener la dotación de las seis nuevas plazas de bomberos, a pesar de que cualquier modificación de la relación de puestos de trabajo se tiene que negociar con los representantes sindicales.
Ha incidido además en que una de las plazas que se desdota es la que se creó para reforzar el Servicio de Atención al Municipio, muy demandado por los pueblos de la provincia.
El 31 de diciembre se publica provisionalmente el presupuesto y se abre un plazo de 15 días para la presentación de alegaciones por parte de los interesados. El PSOE presenta, dentro del plazo legal, una alegación al presupuesto solicitando que se revoque el acuerdo de aprobación provisional del presupuesto y se ordene la tramitación legal del procedimiento para la modificación de la RPT y plantilla.
González Mena ha insistido en que “el único objetivo del Grupo Socialista durante toda la legislatura ha sido defender el interés de los municipios de la provincia de Cuenca y de sus habitantes, y que el presidente de la Diputación, que maneja la institución como su cortijo, cumpla con la Ley”.
Finalmente, ha indicado que Prieto “no es el más indicado para hablar de descalabros judiciales, teniendo en cuenta que, debido a su mala gestión, la Diputación ha sido obligada a pagar 182.000 por despidos improcedentes, 140.000 euros en indemnizaciones y más de 700.000 euros sólo por los pleitos en torno a las obras de la Fuensanta”.
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