Una vez más la contradicción y la incoherencia se instalan en el Gobierno regional que preside el socialista Emiliano García-Page. Siguen demostrando quienes nos gobiernan desde Toledo el grave desconocimiento y lo poco que les preocupa el mundo rural que constituye la mayor parte de la provincia de Cuenca, porque de otra manera no se puede explicar el continuo ataque a nuestros pueblos, a nuestros campos y las actividades que en ellos se llevan a cabo para sustentarlos y desarrollar una actividad económica, al tiempo que los mantenemos vivos.
En esta ocasión, como centro de sus despropósitos, la Junta ha elegido a los ganaderos. Hace unos meses el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, convocaba una rueda de prensa en Cuenca y desde un cómodo sillón anunciaba a bombo y platillo, y como si hubiera descubierto la pólvora, las bondades de la oveja bombera y reconocía que los mejores guardianes y conservadores de los montes y del rico patrimonio natural que atesoran, y en especial nuestra Serranía, habían sido siempre y son los ganaderos y sus ganados. Pues llegados a este punto, las políticas ganaderas de la Junta, con Martínez Arroyo y Page, van a conseguir lo que decenas de siglos no han logrado que es poner en peligro esta actividad, la ganadera, gracias a las nefastas decisiones políticas que están tomando que se traducen en desidia y, por tanto, en desgobierno.
En la Junta de Comunidades desconocen y no les interesa en absoluto, por ejemplo, cómo trabajan nuestros ganaderos en la Sierra conquense, cómo llevan a cabo la trashumancia, esta tradición que mezcla oficio y cultura, y que permite un aprovechamiento sostenible de los recursos y es la base de su economía. Es por ello por lo que les exigimos que den una solución a los ganaderos que tienen que trasladar en estos días a sus animales a otras zonas como histórica y tradicionalmente han hecho y que la negligencia del Gobierno regional a la hora de llevar a cabo los controles sanitarios no les perjudique y puedan continuar organizando sus explotaciones como lo han hecho desde hace siglos.
El inmovilizar los ganados en estos días supone poner en riesgo la viabilidad de las explotaciones y un modo de vida de nuestros pueblos que, como digo, se remonta casi al inicio de la existencia del ser humano. Los ganaderos llevan tiempo esperando una respuesta y las pérdidas económicas de no poder trasladar sus ganados son cuantiosas. Así no se fomenta la ganadería, ni se lucha contra la despoblación, así se acaba con un método de trabajo tradicional y con la vida que queda en nuestro territorio. Los ganaderos, que están siempre dispuestos a la colaboración, creen que estos controles habría que haberlos realizado con anterioridad, los protocolos sanitarios son muy exigentes y, caso de salir algún animal dudoso, se puede retener la ganadería hasta realizar un nuevo control posterior, incluso más tiempo. Estas ganaderías son muy sensibles, pues todos sus planes de viabilidad tienen en cuenta la realización del viaje al Levante o a Andalucía y no cuentan con infraestructuras suficientes para pasar el invierno en la Serranía, donde la climatología suele ser adversa.
Esta insensibilidad y ataque de la Junta al modo de vida rural debe acabar de una vez por todas. Sus decisiones y sus políticas deben adaptarse a la realidad de nuestros pueblos y no entorpecer no ya su desarrollo sino una actividad tradicional, asentada y aceptada entre nosotros como una parte esencial de lo que somos, de nuestra identidad. La Junta tiene que dar soluciones para la ganadería, para incentivarla y promocionarla y no proponerse, como parece que se esconde detrás de sus últimas normativas, que se extinga.
Otro grave indicio del desconocimiento y la agresión de la Junta a la ganadería es que no deja que sean los veterinarios de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria quienes hagan las pruebas y se las encarga a otras empresas, que no son capaces de solucionar estos problemas. Son estos veterinarios los que, además de ser del territorio, conocen los problemas.
Resumiendo, se realizan controles cuando las ganaderías ya tienen planificado el viaje lo que genera peligro si hay algún problema, ya que la ganadería se detiene en un lugar donde no dispone de medios para pasar el invierno, y estos controles los realiza una empresa foránea y no los veterinarios de la ADS.
Por ello, desde el Partido Popular pedimos a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Page que, de una vez por todas, facilite el desarrollo de esta actividad tan importante para la provincia de Cuenca, que no ponga en peligro la generación de riqueza ni a los propios animales, y que dé una solución rápida a esta grave problemática que ellos mismos ha ocasionado.
Pilar Martínez Peñarrubia
Diputada regional del Partido Popular de Cuenca
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