Ceden al Ayuntamiento un edificio en desuso para que lo destine a las diferentes asociaciones de la capital

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Cuenca, ha cedido al Ayuntamiento de Cuenca el uso de un edificio del colegio público “La Paz” en el que actualmente no se desarrolla actividad lectiva para que pueda ponerlo a disposición de distintas asociaciones de la ciudad.

Así lo ha avanzado hoy la directora provincial de Educación, Cultura y Deporte, Mª Ángeles Martínez, que se lo ha confirmado a la Concejalía de Educación a través de una carta.

“Consideramos que es una buena iniciativa ceder el uso de un inmueble que está en desuso al Ayuntamiento de Cuenca para que pueda ponerlo a disposición de muchas asociaciones de la ciudad que, por lo que también hemos podido comprobar, no disponen de un espacio digno para desarrollar su actividad, y además creemos que esto también puede servir para dinamizar el barrio”, ha explicado Martínez, quien ha querido dejar claro que esta actividad “en ningún caso alterará funcionamiento normal del centro pues deberá desarrollarse fuera del horario escolar”.

La Junta cede este espacio al Ayuntamiento de Cuenca para que lo destine a uso social, acogiendo a entidades sociales de la ciudad puedan desarrollar proyectos de interés comunitario, si bien insta al Consistorio a dar cumplimiento Orden de 20 de julio de 1995 por la que se regula la utilización por los ayuntamientos y otras entidades de las instalaciones de las Escuelas de Educación Infantil, colegios de Educación Primaria, Centros de Educación Especial, Institutos de Secundaria y centros docentes públicos que impartan enseñanzas de régimen especial; además de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, que regula el uso social de los centros docentes, a través de proyectos, en los períodos no lectivos.

De este modo, Martínez ha recordado que será el Ayuntamiento quien deba responsabilizarse de la apertura y cierre del inmueble; asegurar el normal desarrollo de las actividades en materia de vigilancia, seguridad, mantenimiento y limpieza; sufragar los gastos ocasionados al centro docente y los derivados de posibles deterioros, pérdidas o roturas en las instalaciones; etc.