La Junta triplica las plazas para favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de los Servicios de Capacitación

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha destacado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha triplicado esta legislatura las plazas dirigidas a favorecer la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad a través de los Servicios de Capacitación.

Sánchez ha resaltado este dato durante su visita a los expositores de entidades sociales presentes en la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (FARCAMA), donde ha estado acompañada del director general de Mayores y Personas con Discapacidad, Javier Pérez, y del director provincial de Bienestar Social en Toledo, Gregorio Gómez, entre otros.

“Los Servicios de Capacitación son la parte más cercana a la inclusión laboral, la parte más cercana al empleo. Es donde las personas con discapacidad no solamente se forman, sino que tienen acompañamiento para acercarse a los propios sitios donde pueden trabajar”, ha expuesto la consejera.

Con ello, ha detallado que, en esta legislatura, se ha triplicado la capacidad de los Servicios de Capacitación, llegando a las 700 plazas, “de 200 en 2015 a 700 en 2018, un total de 700 personas con discapacidad que podemos decir que tienen el acompañamiento preciso para poder conseguir su inclusión laboral”.

Los Servicios de Capacitación se suman a la red de 130 Centros Ocupacionales y Centros de Día, que llegan a las 4.000 plazas en total en toda Castilla-La Mancha.

El corazón de FARCAMA

Por otra parte, la consejera de Bienestar Social ha destacado que los stand de entidades sociales presentes en la Feria regional de Artesanía suponen “el corazón de FARCAMA”, donde se presentan “los productos que realizan las personas con discapacidad”.

“Consiguen que sus productos se puedan vender, que es lo que más orgullo les da, sentirse útiles, saber que lo que hacen con sus manos tiene un rendimiento económico que les permite pequeños ingresos”, ha valorado Sánchez.

Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma con la tasa de actividad de la personas con discapacidad más alta de España, el 43,3 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).