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El PP aplicará el 155 si llega al Gobierno y recuperará gestión penitenciaria
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El PP aplicará el 155 si llega al Gobierno y recuperará gestión penitenciaria

Por Redacción/ EFE
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domingo 07 de octubre de 2018, 21:13h

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El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado hoy que si logra llegar al Gobierno de España aplicará el artículo 155 de la Constitución española en Cataluña de manera inmediata y, entre otras cosas, recuperará la competencia de la gestión de las instituciones penitenciarias.

Durante el discurso con el que ha clausurado el Congreso Extraordinario del PP de Castilla-La Mancha en Albacete, en el que Francisco Núñez ha sido proclamado líder regional en sustitución de María Dolores de Cospedal, Casado ha considerado que es "urgente" la aplicación del 155 "con la duración que haga falta", algo que -ha dicho- se podría hacer con la mayoría del PP en el Senado o abriendo de nuevo las urnas.

Además, el presidente de los 'populares' ha asegurado que si aplica el artículo 155 desde el Gobierno lo hará sin esperar ni a Ciudadanos (Cs) ni al Partido Socialista, con el objetivo de "poner orden en Cataluña, que hace falta", ha subrayado.

Entre otras cuestiones, ha citado que recuperará las competencias en instituciones penitenciarias en Cataluña, después de que se haya sabido que los políticos catalanes encarcelados por el "procés" en la prisión de Lledoners han recibido hasta 21 visitas al día, lo que ha sido definido por Casado como "unas jornadas de puertas abiertas, mientras el Parlament estaba cerrado".

Casado ha denunciado que el traslado de los encarcelados por el procés a Cataluña fue autorizado por el actual Gobierno central, porque "querían tener una cárcel a su medida" y ha rechazado que el trato favorable que habrían disfrutado al recibir este volumen de visitas deja entrever que hay "prisioneros de primera y prisioneros de segunda".

Tras denunciar que eso solo ocurre "en las repúblicas bananeras o en las dictaduras y en los narcoestados", ha lamentado que el Ministerio del Interior "se lave las manos" argumentando que no es su responsabilidad porque las competencias de las cárceles catalanas están transferidas a la Generalitat.

Por ello, ha insistido en que si el PP llega al Gobierno central aplicará nuevamente el artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña y que, en esta ocasión, será más amplio en el tiempo y en las competencias suspendidas, entre ellas las instituciones penitenciarias y la educación, al tiempo que tomará el control de TV3.

También ha propuesto "poner orden a través del reforzamiento institucional" y volver a tipificar el referéndum ilegal, para que si una comunidad autónoma celebra un referéndum al margen de la ley, tenga una sanción penal.

Ha sugerido, asimismo, modificar la ley de acción exterior para que el Estado pueda cerrar, directamente, las embajadas o las oficinas comerciales que han abierto los independentistas catalanes en otros países y cambiar la ley de financiación de los partidos políticos para que "ningún partido tenga dinero público para alentar la violencia o justificar agresiones".

También ha criticado la entrevista que TVE realizó en la cárcel al exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, y lo ha comparado a que en 1981 se hubiera entrevistado a Antonio Tejero en la cárcel tras el golpe de Estado fallido.

"Lo que pasa en Cataluña es inaceptable", ha resumido Casado, que ha recordado que mañana se cumple un año de la manifestación que recorrió las calles de Barcelona contra el referéndum, por lo que ha pedido que sea una "fecha marcada en el calendario, de dignidad, recuperación de libertades y de igualdad de derechos y obligaciones".

Casado ha criticado la gestión del Gobierno en esta cuestión y también que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a su modo de ver, no ha dado las explicaciones pertinentes sobre las polémicas surgidas por su doctorado o las declaraciones de la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Asimismo, ha adelantado que mañana mismo, el grupo popular en el Congreso tiene previsto registrar una iniciativa legislativa para que el Gobierno dé cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo sobre las prestaciones por maternidad, que están exentas de pagar IRPF.
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