El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2018, que asciende a un total de 3.442 plazas y que supone que, tras tres años de legislatura, las plazas de empleo público aprobadas por el Ejecutivo de Emiliano García-Page sumen un total de 9.728, multiplicando por 17 todas las de la legislatura anterior.
Estos datos han sido aportados por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida para informar de la aprobación hoy por Consejo de Gobierno de la OEP de este ejercicio.
Ruiz Molina ha explicado que esta Oferta de Empleo Público se enmarca en la segunda fase del Plan de Impulso a los Servicios Públicos que se puso en marcha en noviembre de 2015, y que “tiene un doble objetivo, por un lado, recuperar los estándares de calidad en la prestación de los servicios públicos que se merecen los ciudadanos de la región y, por otro, blindar las plantillas de empleados públicos para que ningún Gobierno pueda en el futuro ajustar el presupuesto mediante el despido de funcionarios interinos”.
Una Oferta de Empleo Público que, tal como ha subrayado Ruiz Molina, asciende a un total de 3.442 plazas, de las que 3.095 son de nuevo ingreso de turno libre y 347 de promoción interna, y que fue aprobada por los sindicatos en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, celebrada el pasado 18 de septiembre.
Por sectores, la mayor parte de estas plazas se destinan a educación y sanidad, en concreto, el 72 por ciento, es decir, tres de cada cuatro plazas que se aprueban se destinan a los servicios públicos fundamentales.
Así, se aprueban 1.413 plazas para Sanidad, 1.050 para Educación y 979 para Administración general; que se reparten a su vez entre 496 para personal funcionario y 483 para personal laboral.
Las más de 1.400 plazas aprobadas para personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) se dividen entre 389 para personal facultativo, 355 para personal sanitario diplomado, 319 plazas destinadas a personal sanitario técnico y 350 para personal de gestión y servicios.
En el sector educativo, el total de 1.050 plazas aprobadas para 2018 se dirigirá al cuerpo de maestros, repartiéndose por especialidades entre 220 plazas en Infantil, 334 en Primaria, 228 en Filología Inglesa, 90 en Educación Física, 58 en Música, 70 en Pedagogía Terapéutica y 50 en Audición y Lenguaje.
Finalmente, en Administración General de las 496 plazas para funcionarios que se aprueban 130 serán del grupo A1, 138 del grupo A2, 133 corresponderán al grupo C1 y las restantes 95 al C2.
Las 483 plazas de personal laboral se reparten entre 162 plazas del grupo III, 129 plazas del grupo IV y 192 plazas del grupo V.
Como en las anteriores Ofertas de Empleo Público que ha aprobado el Ejecutivo de García-Page, el 7 por ciento del total de plazas ofertadas se reserva a personas con discapacidad. Así, en la Oferta de Empleo Público de este año un total de 241 plazas serán cubiertas por personas con discapacidad, con el objetivo de fomentar su inclusión social.
Respecto al sistema de acceso, Ruiz Molina ha indicado que para todos los sectores será por concurso-oposición.
En relación con la convocatoria de estos procesos selectivos, tal como se anunció el año pasado, tanto en Administración general como en Sanidad las plazas de la Oferta de Empleo Público de 2018 se van a acumular a las ya aprobadas en ambos sectores en 2017.
De acuerdo con esta previsión, Ruiz Molina ha detallado que la convocatoria de los procesos selectivos de personal funcionario y personal laboral de Administración General se realizará antes de que finalice este año.
En el ámbito del personal estatutario del SESCAM, también se acumularán las ofertas de empleo público de 2017 y 2018. Dada la gran cantidad de categorías de las que se ofertan plazas, la previsión es que las convocatorias se empiecen a producir a lo largo del primer semestre del próximo año.
Finalmente, en el ámbito educativo se seguirá el calendario habitual, ya que los procesos selectivos deberán haber finalizado antes de julio de 2019 para que los aspirantes que consigan plaza puedan tomar posesión en septiembre, al comenzar el nuevo curso escolar.
Cerca de 12.000 plazas de empleo público a lo largo de la legislatura
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado que el número de plazas aprobadas por el Gobierno de García-Page en esta OEP, que se enmarca en el Plan de Impulso a los Servicios Públicos, “es el máximo permitido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado”.
El Plan de Impulso a los Servicios Públicos permitirá que, tras los cuatro años de la legislatura del presidente García-Page en la región, se hayan aprobado cerca de 12.000 plazas de empleo público en la Administración regional, lo que supondrá un 80 por ciento más de las 6.600 plazas inicialmente previstas.
Este incremento respecto a las plazas previstas al inicio de la legislatura ha sido posible gracias a que a la tasa de reposición de efectivos, la destinada a cubrir las bajas que se producen a lo largo del año, principalmente por la jubilación del personal, se suma ahora la denominada tasa de estabilización del empleo temporal.
La tasa de estabilización permite incorporar a las ofertas de empleo público plazas ocupadas por interinos, con lo que se dota de mayor estabilidad a las plantillas de empleados públicos.
En este sentido, Ruiz Molina ha destacado que la tasa de estabilización del empleo temporal es fruto de la propuesta que hizo el presidente García-Page en la Conferencia de Presidentes, celebrada el 17 de enero del año pasado, y que fue finalmente aprobada.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado que con la aprobación de las sucesivas ofertas de empleo público por parte del Ejecutivo castellano-manchego se cumple con los sindicatos, se blindan las plantillas para que en ningún caso el número de funcionarios que prestan los servicios en la Administración regional pueda ser moneda de cambio, se reduce hasta el 8 por ciento la tasa de interinidad. Además, se facilita la promoción interna de los empleados públicos, se favorece la incorporación de las personas con discapacidad a la función pública y, además, se les brinda “una importante oportunidad de encontrar empleo a miles de personas que consideran que su vocación es trabajar en la función pública".
Finalmente, ha valorado Ruiz Molina, "lo más importante es que se cumple con lo comprometido con la ciudadanía porque mejorar la calidad del empleo público es mejorar la calidad de los servicios públicos que presta la Administración regional y, en consecuencia, se mejora la calidad de vida de los ciudadanos".
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