Yo, un modesto ciudadano de Castilla la Mancha, ACUSO a mi Presidente, D. Emiliano García Page (y a los diputados regionales de Podemos por su tibieza), como máximo responsable de las políticas públicas de la comunidad, de:
1) INCOHERENCIA, al vanagloriarse de haber propiciado la suspensión del ATC, el cementerio nuclear previsto en Villar de Cañas, en base al argumento de que Castilla la Mancha “no es tierra de desecho” mientras con su política de subvenciones a las explotaciones ganaderas intensivas está convirtiendo la región en un inmenso estercolero, que es tanto como una tierra de desecho.
Su tarea al frente de la Comunidad en materia de medioambiente se ha limitado a sustituir el cementerio nuclear, ubicado en un solo foco, por un cementerio de purines de múltiples focos repartidos por todo el territorio. La opción estratégica por la mierda se mantiene, cambiando solo su naturaleza y distribución. Las consecuencias de la fiebre porcina ya se han comprobado en Cataluña, donde un 41% de las masas de agua subterráneas están en mal estado y 139 municipios han tenido que clausurar pozos de agua potable por un exceso de nitratos en la red de abastecimiento. ¿Es ese el modelo de desarrollo que quiere para nuestra región?
Las razones con la que Page justifica su política porcina son curiosamente las mismas que las utilizadas por Mª Dolores de Cospedal para justificar el ATC: contribuyen a fijar población y se trata de proyectos completamente seguros. Ambas manifiestamente falsas.
2) SERVILISMO ANTE LOS PODEROSOS, sometiendo las políticas públicas a los intereses de las grandes empresas cárnicas, como Incarlopsa, empresas ahora llamadas integradoras, que controlarán todo el proceso de producción, elaboración y venta del cerdo. Prueba de ello es que el sector porcino se ha declarado expresamente objetivo estratégico de la Junta en materia económica. Objetivo que se materializa en importantes subvenciones a macrogranjas, mataderos, vehículos para esparcir purines y en una normativa ambiental poco exigente.
Estas empresas a su vez le devuelven a la Junta su apoyo con idéntica generosidad, por ejemplo mediante la donación de 400.000 euros por parte de Incarlopsa a la Fundación Impulsa que lleva a cabo labores de promoción del gobierno del presidente García-Page (CLM21.es 16 de marzo de 2018).
Un solo ejemplo bastará para probar este vergonzoso contubernio entre élites económicas y políticas. Cuando funcionarios de la Junta denunciaron en su labor de inspección que en el matadero de Incarlopsa se estaban llevando a cabo sacrificios masivos de cerdos sin dar tiempo a la sedación -curiosa manera de entender el bienestar animal-, ¿cuál fue la reacción del gobierno de Page?,¿llamar al orden a Incarlopsa, multarla, felicitar a los funcionarios por su sentido del deber e independencia? Todo lo contrario, perseguir a los funcionarios incómodos que denunciaron las irregularidades, abrirles un expediente disciplinario y apartarlos de sus puestos de trabajo, tal como había exigido Incarlopsa.
¿Cuesta creerlo? Pues no lo digo yo sino el Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha ante el que denunciaron estos funcionarios, quien afirma textualmente en su sentencia, que la actitud de la Junta: “entra de lleno en el terreno de la manifiesta arbitrariedad y demuestra una complacencia y claudicación frente a los deseos de un administrado (la empresa cárnica) que a esta Sala le resulta de muy difícil explicación y que es frontalmente incompatible con el interés general que la Administración debe defender”
3) EXPLOTAR Y OPRIMIR A LOS MÁS DÉBILES, los pequeños pueblos de Castilla la Mancha, mediante la creación de una poderosa maquinaria técnico-administrativa de ámbito regional que hace posible que se contaminen y agoten sus acuíferos, se quemen sus tierras de cultivo, se deterioren sus caminos, se ponga en peligro la salud de sus habitantes, se reduzca su bienestar por los olores pestilentes del purín y se hipoteque su futuro en sectores como el turismo o la agricultura ecológica sin ninguna compensación a cambio, ya que estas instalaciones, por su alta tecnificación, apenas dan puestos de trabajo.
Nuestros pueblos, como en las peores políticas coloniales, están siendo utilizados como enormes pocilgas al servicio del enriquecimiento de las oligarquías económicas, los nuevos señores feudales, y de los pueblos donde estas radican, que actúan como metrópolis, en las que se realiza la parte del proceso que genera más mano de obra.
Especialmente indignante es la sospecha de que la elección de estos pequeños pueblos (son cientos las solicitudes en marcha) como Alpera, Priego, Almendros o Pozuelo (en el que con tan solo 551 habitantes se está tramitando a favor de la empresa Cefusa-ElPozo una macrogranja de 140.000 cerdos, que podrían generar 550.000 lechones al año y esparcir purines por 1.100 hectáreas), se hace a cuenta de su desamparo e indefensión (población envejecida, poca formación técnica, nula capacidad asociativa, falta de información, irrelevancia electoral y alcaldes títeres que actúan al dictado de la Junta e indirectamente de las empresas colonizadoras). Y por si fuera poco, cuando sus ciudadanos osan resistir, haciendo alarde de su nobleza y dignidad, lejos de respetarse su derecho a decidir el futuro de sus pueblos, se les desprecia e impone la macrogranja a punta de ley.
Estos hechos son gravísimos en cualquier gobierno, pero alcanza cotas intolerables de ignominia cuando se llevan a cabo por parte de gobiernos de izquierda, cuyas señas de identidad son exactamente las contrarias: defensa del medioambiente, independencia de los poderes públicos y defensa de los más débiles.
Feliciano Mayorga Tarriño
Filósofo y escritor
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