Izquierda Unida ha mostrado su sorpresa ante la falta de explicaciones, por parte del Gobierno Regional, tras la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el recurso de apelación nº 144/2017 que anula la resolución de la Consejería de Sanidad.
La sentencia condena a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a reponer en su puesto de trabajo -con resarcimiento de daños y perjuicios- a los dos veterinarios que fueron apartados en el 2106 tras levantar actas denunciando el imperfecto e incorrecto aturdimiento de los animales en Incarlopsa antes de ser sacrificados. Algo que, además, ya denunció públicamente IU Cuenca provincia en enero de 2017.
De la misma manera, no es menos sorprendente, afirman en IU CLM, que nadie del Gobierno haya informado de la misma durante estos últimos seis meses. La única respuesta dada después de que la sentencia se haya hecho pública son las manifestaciones del presidente regional que ha preferido defender a la empresa Incarlopsa antes que explicar la actuación de su gobierno.
“Lamentamos que las declaraciones no hayan ido dirigidas a defender a los dos funcionarios públicos por realizar su trabajo y a anunciar la apertura de la correspondiente investigación para conocer lo ocurrido”, considera Izquierda Unida.
Lo que se espera de un presidente regional, advierten en IU CLM, después de que el TSJ de Castilla-La Mancha en su sentencia recoja afirmaciones tan contundentes como: “La Administración parece haber actuado aquí a dictado de la sociedad inspeccionada por motivos que se nos escapan, y parece haber utilizado la vía del expediente disciplinario como forma de apartar a dos funcionarios que la citada empresa consideraba incómodos”, es que dé una respuesta adecuada a la gravedad de estas afirmaciones, es decir, explicar cuáles pueden ser esos “motivos que se nos escapan”, según palabras del TSJ.
IU CLM: “El silencio del Gobierno genera alarma e inseguridad, que crecen si lo unimos a no haber depurado responsabilidades”.
Y es que Izquierda Unida, recuerda como ante todas estas circunstancias, algunos medios, como Economía Digital y Público, están relacionando a la mencionada empresa con la Junta de Comunidades por unas supuestas donaciones de cientos de miles de euros a la Fundación Impulsa, como aparece reflejado en las cuentas anuales de la fundación, accesibles desde su página web (http://www.iclm.es/wp-content/uploads/2017/11/CUENTAS-ANUALES-2016.pdf).
La fundación que se encuentra bajo el Protectorado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, explican desde la formación de izquierdas, fue conocida por una enmienda que presentó Podemos a los presupuestos regionales de 2017 y que terminaron siendo rechazados el 7 de abril de 2017. También, por los mismos medios de comunicación mencionados así como lo que en su día publicó ABC yclm24.es el 7 de octubre de 2016, hemos conocido que a Incarlopsa se le concedió, supuestamente, en el año 2016 subvenciones por más de 3,5 millones de euros a través del programa de ayudas FOCAL que la Junta concede al sector de la agroalimentación. Estos datos constan en el Portal de Transparencia de Castilla-La Mancha (https://apphacienda.jccm.es/concesiones/Concesion.php) y se puede comprobar poniendo el nombre de la empresa Incarlopsa en la ventanilla del beneficiario.
Para Izquierda Unida, el Gobierno Regional no puede continuar callado sin dar una respuesta convincente y adoptar medidas adecuadas a la gravedad de lo ocurrido. Desde IU, además, entienden que la depuración de responsabilidades como consecuencia de la sentencia debe ser urgente y ya no pueden quedarse, visto el desarrollo del asunto, en una “cuestión provincial.”
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