El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado una ampliación de 1.000 unidades en el número de plazas públicas especializadas para la atención a personas con discapacidad hasta el final de la presente legislatura, comenzando con un primer refuerzo de 400 plazas a lo largo del presente 2018.
Así lo ha adelantado el presidente del Ejecutivo castellano-manchego durante el acto de firma de una serie de protocolos de colaboración entre el Gobierno regional y diferentes entidades sociales que desarrollan programas a favor de personas con discapacidad; un acto en el que, entre otros, también han participado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez; y la presidenta del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha (CERMI), Cristina Gómez Palomo.
El presidente autonómico ha subrayado los esfuerzos que se vienen realizando desde el Gobierno de Castilla-La Mancha para “ensanchar el marco social”, aprovechando la coyuntura de crecimiento económico, e impulsar en paralelo la consolidación del Tercer Sector Social, dentro del marco normativo autonómico.
En este sentido, García-Page ha expresado su deseo de que las empresas y entidades que desarrollan su labor en la atención a las personas con discapacidad se constituyan en “un bloque lo más homogéneo y concertado posible, con una dinámica y sector económico” propios, lo que servirá para combatir futuribles “catarros” financieros y sus consecuencias sobre la prestación de servicios a las personas con discapacidad.
“El sector social, además de tener alma, tiene una razón de tipo económico. Este sector tiene que reivindicar su parte alícuota en la economía y en el empleo”, ha hecho hincapié el presidente de Castila-La Mancha quien, además, ha matizado que, en nuestra comunidad autónoma, podría llegar a significar un elemento “diferencial” para alentar la creación de empleo, riqueza y crecimiento de población.
Una financiación autonómica que blinde la dependencia y la sanidad
Al hilo de estas declaraciones, el presidente regional ha defendido un modelo de financiación autonómica a nivel estatal que garantice la estabilidad de los recursos que se destinan por parte del Estado a sufragar los gastos de las comunidades autónomas en materias como dependencia y sanidad.
“Estos años de crisis han dejado muy claro que la política será valorada, en la medida que incorpore valores permanentes en el tiempo” y “una reseña de las prioridades de cada cual”, ha subrayado García-Page.
En este sentido, ha adelantado que el Gobierno de Castilla-La Mancha respalda una postura, compartida por otras comunidades autónomas de distinto signo político como Aragón, Castilla y León, Asturias o Galicia, que exige al Estado una Ley de Financiación “que garantice el gasto social pase lo que pase”.
Al respecto, el presidente regional ha asegurado que “será muy complicado” que haya acuerdo en torno a la financiación autonómica, si no se garantiza la sostenibilidad de estos servicios públicos esenciales, cuyo gasto soportan fundamentalmente las comunidades autónomas.
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