El Pleno de la Diputación Provincial de Cuenca ha aprobado este miércoles de manera provisional, con el respaldo del Grupo Popular y la abstención de socialistas e Izquierda Unida, el Plan de Obras y Servicios (POS) del presente ejercicio 2018, que contempla un total de 300 actuaciones con una inversión de casi 8 millones de euros, que, unida a los costes de redacción de proyectos y dirección de obras que asume la institución provincial, se eleva a cerca de los 9 millones de euros. Un visto bueno que ha venido precedido por el rechazo con los votos del PP y pese al apoyo de PSOE e IU, del voto particular emitido por el portavoz socialista relativo a la distribución de ayudas a las pedanías.
El Plan de Obras y Servicios aprobado permitirá acometer actuaciones de mejora de infraestructuras básicas y de equipamiento en la totalidad de los municipios de la provincia, salvo en las localidades de El Peral, Landete, Talayuelas y Tinajas, que han quedado excluidas al haber presentado sus solicitudes fuera del plazo. Y es que, tal y como ha remarcado el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, desde la institución se tiene la voluntad de que este plan llegue a todos los municipios de la provincia de una manera ajustada a sus necesidades reales. Es por ello que, como novedad y complemento a este POS, se ha creado este año el Plan Especial de Pedanías, que vendrá a acometer aquellas actuaciones más urgentes en estos pequeños núcleos de población y que, en esta ocasión, se han concretado en sendos sondeos de abastecimiento en Herrería de Santa Cristina y Villar de Cantos.
A través del Plan de Obras y Servicios de este año, se van a realizar en torno a 300 actuaciones, correspondiendo la mayoría de ellas, 134, a obras de pavimentación de calles. Le siguen las intervenciones en redes de abastecimiento y alcantarillado, con 43; las reformas de edificios municipales, con 20; las mejoras de alumbrado en aras de la eficiencia energética, con 14; las obras en instalaciones deportivas, con 12, al igual que las actuaciones en cementerios; la construcción de vallados y muros, con 9; las intervenciones en parques, también con 9; o las actuaciones en centros sociales, con 7, entre otras muchas, como eliminación de barreras arquitectónicas, almacenes municipales, tanatorios, etc.
Una importante inyección económica en los municipios de la provincia que la Diputación asume en más del 90 por ciento, mientras que el resto corre a cargo de los Ayuntamientos; eso sí, salvo algunas excepciones. Y es que en caso de que las obras solicitadas por los Consistorios estén relacionadas directamente con la eficiencia energética y el ciclo integral del agua, ven reducida en un 5% su aportación inicial, de la que se hace cargo la institución provincial; algo que le ha ocurrido a un total de 33 localidades. Una rebaja que alcanza el 100% para aquellos Ayuntamientos que solicitan actuaciones en conjuntos históricos, zonas arqueológicas, monumentos BIC (Bien de Interés Cultural) o en inmuebles catalogados. Tales son los casos de Alarcón, Barchín del Hoyo, Cañete, Bonilla (Huete), Moya, Pozorrubio de Santiago, Uclés y Villaescusa de Haro.
Pero ésta no ha sido la única cuestión abordada en el Pleno ordinario de este miércoles, puesto que también se ha dado luz verde, esta vez por unanimidad, a la propuesta del Área de Personal de fijar guardias localizadas no presenciales en la Unidad de Mantenimiento de la Diputación. El objetivo perseguido con esta medida no es otro que garantizar que las instalaciones de la institución provincial puedan estar atendidas adecuadamente ante cualquier incidencia las 24 horas del día y los 365 días del año, tal y como ha detallado el diputado de Personal, David Cuesta, quien no ha dudado en calificar la iniciativa como “muy importante” y “fruto de una intensa negociación con los representantes de los trabajadores a lo largo del último año”.
Mociones
La unanimidad también se ha dado en el apartado de las mociones. En concreto, en la presentada por Izquierda Unida en relación a Ahed Tamimi, la menor palestina encarcelada por defender los derechos de su pueblo frente al Estado de Israel. Como consecuencia, la Diputación conquense ha acordado, además de mostrar su apoyo a la joven, instar al Gobierno de España a que solicite su liberación inmediata, así como la de todas las personas que están de forma ilegal e irregular en cárceles israelíes, entre otras cuestiones.
Unanimidad que, sin embargo, se ha roto a la hora de abordar la moción del PP sobre el mantenimiento de la prisión permanente revisable, que finalmente se ha aprobado por los votos del Grupo Popular, a pesar del rechazo de la oposición. En consecuencia, la Diputación conquense ha mostrado su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al ordenamiento jurídico español en la modificación del Código Penal de 2015, y ha instado a los diferentes grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de esta figura. Acuerdo que se dará traslado al ministro de Justicia, los distintos grupos políticos del Congreso y a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
De la misma manera, con la abstención de Izquierda Unida y con el voto favorable de PSOE y PP, se ha dado el visto bueno a la moción presentada por el Grupo Socialista en contra del régimen de extracciones de agua para regadío del Alto Guadiana, en concreto, en la Sierra de Altomira. Eso sí, acuerdo de socialistas y populares que ha venido precedido por una
serie de consideraciones del Grupo Popular, que, pese a estar de acuerdo con el grueso de la cuestión, no ha visto con buenos ojos los “tintes políticos” esgrimidos en la moción socialista responsabilizando de la situación al Gobierno de Rajoy. Y es que tal y como ha manifestado el presidente de la Diputación no se puede olvidar el hecho de que los sucesivos gobiernos socialistas, entre 2004 y 2012, no abordaran esta cuestión, siendo el actual Ejecutivo quien lo hiciera en 2016.
En todo caso, el Pleno ha acordado rechazar el Plan de Cuenca en su parte del Alto Guadiana y exigir a la Confederación Hidrográfica del Guadiana y al Ministerio de Agricultura un reparto más equitativo y justo del agua, atendiendo a las características de cada masa de agua, sus capacidades de recarga y sus connotaciones sociales. En definitiva, tal y como ha detallado Prieto, instar al Ejecutivo central a que sea sensible a las necesidades de los agricultores de nuestra provincia, permitiéndoles tener agua suficiente para sus cultivos, eso sí, siempre de una manera acorde a la situación del acuífero y a las circunstancias meteorológicas de cada momento.
No han corrido igual suerte, por último, una moción socialista reclamando la paralización del proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas y la presentada por Izquierda Unida sobre el sistema de pensiones, que no han llegado a debatirse al haberse rechazado su urgencia con los votos del Grupo Popular y pese al respaldo de los diputados de la oposición.
Si (
No(
