La Diputación Provincial de Cuenca ha mostrado su apoyo unánime al mantenimiento de las dos líneas de transporte público de viajeros por carretera de la provincia de Cuenca, cuya continuidad se ha venido poniendo en entredicho en los últimos meses y que no son otras que la Cuenca-Valencia-Albacete (VAC-114) y la Puertollano-Albacete-Valencia (VAC-212). Apoyo que se ha materializado en el Pleno ordinario de este miércoles, a través de una moción conjunta de los grupos de Izquierda Unida y Partido Popular, en la que se insta tanto al Gobierno central como a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que den una solución definitiva al futuro de estas dos líneas; moción que finalmente ha respaldado en el último momento el Grupo Socialista, a pesar de las muchas reticencias manifestadas a través de su portavoz, Joaquín González Mena, hasta el punto de votar en contra de la urgencia de su debate.
No en vano, desde las filas socialistas han mostrado en todo momento su desacuerdo con esta moción conjunta de IU y PP, ya que, a su juicio, las competencias de estas dos líneas deben corresponder exclusivamente al Gobierno central, quedando la responsabilidad del Ejecutivo autonómico en una mera colaboración. Sin embargo, llegado el momento de la votación, los diputados del PSOE han dado un vuelco a su postura y han decidido apoyar in extremis esta moción que, en primer lugar, insta “al Ejecutivo central a garantizar la continuidad del servicio en tanto se solucionen los problemas respecto a la competencia de los tráficos” y, en segundo, “al Gobierno de Castilla-La Mancha a encontrar una solución definitiva para articular la gestión de los tráficos que solicitó en marzo de 2016 y que permita prestar el servicio de las líneas de autobuses”.
Y es que, tal y como ha puesto de manifiesto el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, durante su intervención en la sesión plenaria, desde Izquierda Unida y Partido Popular, “lo único que queremos es una solución a este problema y acabar con la incertidumbre e inseguridad de los usuarios y de los trabajadores de estas líneas”, pidiendo para ello la implicación en este asunto de las administraciones nacional y autonómica. De ahí que en el texto aprobado se asevere textualmente que “atendiendo al interés general y a la lealtad y coordinación institucional y teniendo como prioridad al ciudadano, su movilidad y la correcta vertebración territorial, el Ministerio ha garantizado siempre la prestación del servicio instándole a garantizar el mantenimiento del servicio de estas líneas hasta que de manera definitiva la Administración regional ostente la titularidad de las mismas”.
Sin dejar el apartado de mociones, indicar que el Pleno de la Diputación también ha abordado una moción de Izquierda Unida para rechazar la intervención del Ministerio de Hacienda de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid; cuestión que finalmente no se ha debatido al ser rechazada su urgencia con los votos del Grupo Popular y a pesar del apoyo de socialistas e IU.
Igual suerte ha corrido la moción presentada por el PSOE, en su caso, para reivindicar al Gobierno central, en relación al control que ejerce de las cuentas de las entidades locales, la revisión de la regla del gasto, el destino del superávit, la deuda pública y la tasa de reposición.
Otros puntos del orden del día
Pero este Pleno ordinario ha dado para más y, por ejemplo, se ha acordado, con los votos a favor del Partido Popular y pese al rechazo de la oposición, el acuerdo de no disposición de créditos con el fin de garantizar el cumplimiento de la regla de gasto del presente ejercicio de 2017. Así, se dio luz verde a la retención de créditos por valor de 5,2 millones de euros en las partidas presupuestarias relativas a los fondos europeos del Programa Operativo FEDER 2014-2020 asignados a la Diputación como organismo con senda financiera para la rehabilitación de patrimonio y apoyo a las pymes del sector turístico. Fondos de los que, tal y como ha detallado el portavoz del Grupo Popular y diputado de Hacienda, Julián Huete, la Diputación no puede disponer hasta ahora al encontrarse bloqueados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde hace casi dos años y medio.
Del mismo modo, aunque esta vez con el respaldo de populares y socialistas y la abstención de la única diputada de IU, se ha aprobado una modificación de créditos por valor de 38.000 euros, con la que se ha subsanado un error en la codificación de la partida destinada para el abono del plus de calidad al personal laboral del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.
La unanimidad, sin embargo, sí se ha registrado a la hora de dar luz verde a la autorización de compatibilidad a Fernando Rubio Garay para el ejercicio de una segunda actividad en la Universidad Rey Juan Carlos, así como para aprobar la solicitud del Ayuntamiento de El Acebrón del cambio de una obra del POS 2017 por importe de 24.000 euros, que se destinará finalmente a la primera fase de urbanización de la calle Isabel Católica, en la que se incluye desde las acometidas de abastecimiento y saneamiento y el alumbrado hasta la evacuación de aguas pluviales y la red de canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones.
Idéntico resultado, por último, ha obtenido la solicitud del Ayuntamiento de Boniches para modificar otra obra del POS 2017 de renovación de redes y mejora de la eficiencia del ciclo hidráulico, que se ha sustituido por la pavimentación de calles, manteniéndose el importe total de 21.000 euros.
Si (
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