El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) está constituido por relevantes organizaciones ambientales y sociales de España y Portugal. El próximo día 25 de noviembre tendrá lugar en el Centro Joven de la Ciudad de Cuenca la 3ª Asamblea del MIA. En esta ocasión se celebrará en la ciudad conquenses para señalar el riesgo que supondría la construcción del ATC en Villar de Cañas. Varios informes geológicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) señalan que este cementerio nuclear se situaría en terrenos inadecuados por su riesgo a hundimientos.
El MIA considera irresponsable la omisión de las consecuencias de este riesgo en el informe favorable del CSN. Una decisión que obvia que no se ha completado aún la caracterización de los terrenos, como demuestra el hecho de que ENRESA continúe realizando catas, mediciones y pruebas. Estas mediciones han sido duramente criticadas por los inspectores del CSN que las consideran deficientes y contradictorias (véase el acta CSN/AIN/ATC/17/08)[1]. Sin embargo, la aprobación del CSN ha posibilitado la Autorización de Emplazamiento por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Para el MIA, la paralización de este proyecto es de sentido común si se consideran las características de los terrenos y sus valores naturales.
El objetivo de este movimiento es poner fin a las instalaciones y proyectos nucleares que ponen en riesgo a la ciudadanía de toda la península Ibérica. Por ello, durante esta reunión se abordarán, entre otras, la necesidad de cierre de las centrales nucleares españolas según vayan finalizando los permisos actualmente en vigor. Así, la próxima en cerrar deberá ser la central nuclear de Almaraz, una central que está refrigerada por el Tajo y supone un claro riesgo para los habitantes del país vecino. En este sentido, cabe señalar, la implicación de las organizaciones portuguesas por los impactos transfronterizos de las instalaciones nucleares españolas como Almaraz o la posible explotación de la mina de uranio de Retortillo-Santidad (Salamanca) a través de los ríos como el Tajo o el Duero.
El MIA señala la necesidad de proceder a esta jubilación de la energía nuclear por los riesgos que entrañan tanto su funcionamiento como la generación de residuos radiactivos. Sin olvidar que, la energía nuclear supone un freno a la transición energética, pues bloquea la introducción de las energías renovables al dificultar el uso de toda la potencia renovable disponible. De hecho, en 2014, se desperdició el equivalente al 14% de la energía eólica disponible por no poder apagar las nucleares.
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