El Pleno de la Diputación de Cuenca ha aprobado en la sesión ordinaria de este miércoles una declaración institucional presentada por el Grupo Popular en defensa del agua y del desarrollo de los pueblos ribereños; eso sí, sin el apoyo de socialistas e Izquierda Unida, que han preferido abstenerse.
Una declaración que, tal y como ha explicado el presidente de la institución provincial, Benjamín Prieto, tan solo pretende poner de manifiesto la postura contraria de la Diputación conquense ante el último trasvase autorizado por el Gobierno central pese a la grave situación en la que se encuentran en la actualidad los pantanos de la cabecera del Tajo, además de abogar por el mantenimiento y respeto de esa lámina y caudal ecológico comprometido por el Gobierno central en la anterior legislatura, sin olvidar la defensa del desarrollo de los pueblos ribereños en torno al uso del agua.
No en vano, en esta declaración se recoge, asimismo, el rechazo de la Diputación a “futuras cesiones y/o trasvases que pudieran realizarse mientras los embalses de cabecera se encuentren con una capacidad de agua embalsada que se sitúe por debajo de los 368 hm3, límite por debajo del cual no se puede autorizar ningún trasvase y que el próximo 1 de enero de 2018, se elevará a los 400 Hm3 de agua”.
Pero, del mismo modo, se apoya el impulso e iniciativa que ha dado el Gobierno de España a la necesidad de lograr un Pacto Nacional en materia de agua, que garantice agua en cantidad y calidad para nuestra provincia así como la prioridad de uso de la cuenca cedente y el principio de solidaridad interterritorial. Para ello, insta al Gobierno central a “trabajar codo con codo” con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dejando a un lado las guerras del agua, con el fin de “lograr nuevos acuerdos que mejoren la situación de nuestros municipios ribereños, sus ciudadanos y la situación económica, productiva y social de nuestra tierra”.
Moción cofinanciación POS y brecha digital
Muy distintas han sido las cosas cuando se ha procedido a abordar la moción del Partido Popular solicitando al Estado y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la cofinanciación de los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la Diputación. Y es que la propuesta popular ha recibido el respaldo unánime de la oposición, que se ha mostrado de acuerdo en que estas administraciones contemplen en sus presupuestos una contribución financiera al POS permitiendo, de esta manera, incrementar la dotación económica de este plan y, en consecuencia, posibilitar más inversiones en la mejora de las infraestructuras de los municipios conquenses y un mejor acceso de los ciudadanos a todos los servicios, contribuyendo, además, a luchar contra la despoblación.
Apoyo unánime que se ha repetido en la moción de Izquierda Unida sobre la necesidad de implementar medidas para eliminar la brecha digital en el medio rural español y el cumplimiento del plazo de la agenda digital de la Unión Europea en 2020; eso sí, una vez la diputada de IU ha accedido a introducir en el texto la propuesta del Grupo Popular de que esta petición no se limitara al Estado, sino que se hiciera extensible al Gobierno de Castilla-La Mancha.
De ahí que se haya aprobado instar a los Gobiernos central y autonómico a adoptar las medidas necesarias para garantizar esta reducción de la brecha digital entre el mundo rural y el entorno urbano, así como para que no existan comarcas o zonas identificadas como ‘zonas blancas’ en la que no existe banda ancha, sin olvidar el incremento de los recursos necesarios para complementar el Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación con el objetivo de alcanzar el 100% en el año 2020 en todo el territorio nacional.
Otras mociones
Peor suerte ha corrido la segunda moción de IU de apoyo y solidaridad al pueblo saharaui, que no ha llegado a debatirse al ser rechazada su urgencia con los votos del Grupo Popular y a pesar del respaldo socialista.
Apoyo que, sin embargo, ha sido unánime cuando el Pleno se ha dispuesto a tratar una moción del PSOE sobre violencia de género, que no se ha llegado a debatir al sustituirse por una declaración institucional, que ha sido consensuada por los portavoces de los tres grupos políticos durante un receso de cinco minutos de la sesión plenaria.
Una declaración en la que se insta al Gobierno de España y a todas las administraciones afectadas por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género a “que dicho acuerdo sea cumplido en su integridad lo antes posible, en cualquier caso, antes de los dos meses que como plazo para acordar las medidas con el resto de las administraciones, agentes sociales y sociedad civil se establece en el propio Pacto, incluyendo sus aspectos económicos”.
Si (
No(
