El PSOE muestra su preocupación por los procesos judiciales relacionados con el Servicio de Bomberos en los que está inmersa la Diputación

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Cuenca, Joaquín González Mena, ha mostrado su preocupación por los múltiples procesos judiciales en los que se encuentra inmersa la institución provincial y que están relacionados con el servicio de bomberos. Una situación que, sospecha, “está provocada por la actitud de Benjamín Prieto” tras la denuncia interpuesta contra él, entre otros responsables de la Diputación, por un presunto delito de prevaricación administrativa en la aprobación del Presupuesto del ya extinto Consorcio Cuenca 112.



Según ha explicado, desde que se interpusiera dicha denuncia “han sido varios los movimientos que ha ejecutado Prieto y que han dado como resultado nuevas demandas contra la Diputación”.



Como ejemplo ha puesto que la institución provincial abrió hace unos meses un expediente disciplinario contra un profesional de los bomberos que conllevó su despido, lo cual ha acarreado una demanda contra la Diputación cuyo juicio tendrá lugar el día 11 de octubre.



A esto se suma la “maniobra sectaria” de Prieto, que ya denunciase el Grupo Socialista, por la que despidió a una trabajadora operadora auxiliar administrativo del Cuenca 112 para “colocar” a un cargo del Partido Popular, concretamente a una concejal “paracaidista” del PP de Las Majadas y miembro de la Ejecutiva de este partido en Cuenca. Cuestión que ha supuesto una nueva denuncia y para la que hay ya también fecha del juicio, el 9 de noviembre.



Además, hace unos días se conoció la resolución de un nuevo expediente disciplinario contra otro profesional de bomberos, que ha provocado su traslado forzoso sin indemnización, por lo que “mucho nos tememos que esto suponga un nuevo juicio en contra de la Diputación Provincial”.



Para González Mena “es intolerable que el señor Prieto, además de no dar solución al problema de bomberos que tienen los municipios conquenses, se dedique a tomar decisiones que perjudican a los trabajadores de este servicio y, con ello, haga que la Diputación quede inmersa en una deriva judicial que sólo provoca su descrédito y numerosos costes para las arcas provinciales; porque si lo tuviera que pagar de su bolsillo, seguro que no actuaba igual”.