La lucha contra la violencia de género es responsabilidad de todos

La lucha contra la violencia de género es responsabilidad de todos. No es sólo una lucha de las administraciones y las instituciones. No es sólo una lucha de las mujeres. Es una lucha de todos, de toda la sociedad, de mujeres y hombres, con un mensaje claro: el maltratador no tiene cabida en nuestra sociedad. Una sola víctima es demasiado.



Partiendo de esta premisa, y tras seis meses de trabajo, 52 comparecencias y numerosas reuniones, justo hace un mes se aprobaba por unanimidad el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que previsiblemente en septiembre llegará al Congreso de los Diputados. Un acuerdo que ha sido impulsado por el Gobierno de Rajoy y complementado con las aportaciones que se han ido sugiriendo desde el resto de fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados y el Senado, y las contribuciones de quienes realmente sufren la violencia de género, las víctimas. Y además, un pacto que finalmente ha sido alcanzado, en una muestra más de la grandeza de nuestro país, con el consenso de partidos políticos de sensibilidades e ideologías muy distintas.



Un paso de gigante muy significativo para nuestra sociedad, que además cuenta con el apoyo indiscutible del Gobierno del Partido Popular, quien se ha comprometido a aportar 1.000 millones de euros en los próximos cinco ejercicios presupuestarios desglosados de la siguiente forma: 100 millones de euros adicionales destinados a las entidades locales, 500 millones de euros adicionales destinados a las comunidades autónomas y otros 400 millones de euros adicionales destinados a competencias estatales contra la Violencia de Género dentro de los Presupuestos Generales del Estado.



Y es que, por primera vez en la historia, atajaremos la violencia de género desde todos los ámbitos institucionales ya que en el Pacto se recoge la importancia de que ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado trabajen de la mano, todos a una, para poder trabajar con mayor eficacia y celeridad esta lacra que persigue a cientos de mujeres.



Las medidas que se incluyen en este Pacto de Estado se dividirán en varios bloques:



EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACION, como eje imprescindible de actuación y desde el convencimiento de que sólo mejorando la educación de nuestros hijos lograremos erradicar la violencia de nuestra sociedad. Para ello, se mejorará la educación en los colegios, a través de la presencia de contenidos educativos que trabajen la igualdad y la lucha contra la Violencia de Género, se asegurará la formación a los educadores para que puedan impartir esa educación en igualdad desde las Facultades de Educación, y se lanzarán campañas de sensibilización que sean continuadas en el tiempo, focalizadas en el rechazo al maltratador y siempre reflejando la diversidad de las mujeres (jóvenes, mayores, migradas, del mundo rural, etc.).



INFANCIA Y JUVENTUD, puesto que los menores son víctimas de la Violencia de Género. Por ello, el Pacto recoge un extenso e importante paquete de medidas destinadas a impulsar la aplicación práctica de este reconocimiento; a mejorar la formación de los menores y adolescentes para que reconozcan la Violencia de Género; de los operadores que trabajan con ellos para saber cómo atenderles; y de mejorar los recursos sanitarios, educativos, asistenciales, de protección y judiciales que puedan necesitar los menores víctimas.



ATENCIÓN, APOYO Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS, reconociendo el esfuerzo en este ámbito realizado por todas las administraciones. Además, se contempla un refuerzo en el ámbito sanitario, para que a través de Protocolos se realice una adecuada detección precoz desde la sanidad para lo que se establecería de forma novedosa un sistema de cribado.



OTRAS VIOLENCIAS, ya que como establece el Convenio de Estambul, la Violencia de Género abarca otras manifestaciones que deben ser incorporadas y tenidas en cuenta en el Pacto de Estado. La violencia contra las mujeres se deberá entender como una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia basados en el género que implican o puedan implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, así como cualquier otra forma de violencia que afecte a las mujeres de forma desproporcionada. Por ello, se recogen medidas específicas para estas otras violencias como son la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la violencia sexual, la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados, entre otros.



MODIFICACIONES LEGISLATIVAS QUE MEJORAN LA RESPUESTA ANTE ESTA LACRA, como la incorporación como víctimas a las madres de los niños asesinados por sus padres por esta violencia, la garantía a las víctimas la Asistencia Jurídica y psicológica Gratuita, la mejora de las ayudas económicas, las exenciones tributarias de las cantidades percibidas como consecuencia de las indemnizaciones, resarcimientos o ayudas de carácter económico, la revisión de la Atenuante de Confesión y programas de Reeducación en Violencia de Género y delitos sexuales, dado el alto grado de reincidencia que se observa en estos tipos penales.



Medidas todas ellas que, sin lugar a dudas, van a suponer un antes y un después en una lucha que es de TODOS, de la sociedad en su conjunto, pero en la que las fuerzas políticas tenemos un plus de responsabilidad y un compromiso ineludible.

Pilar Martínez Peñarrubia
Portavoz de Mujer del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada por Cuenca