El Partido Comunista de España en Cuenca critica al gobierno regional del PSOE por eliminar la obligación de destinar el 5% de las inversiones municipales a políticas de vivienda. Consideran que esta medida perjudica la creación de vivienda pública y favorece la especulación inmobiliaria, denunciando una falta de atención a la crisis habitacional.
El Partido Comunista de España (PCE) en Cuenca ha denunciado que el gobierno regional del PSOE ha perpetrado “un salvaje ataque a las políticas públicas de vivienda” tras eliminar la obligación de destinar el 5% de las inversiones de todos los ayuntamientos a políticas de vivienda, a través de la Ley 2/2025, de 11 de abril, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha.
Esta “ley ómnibus” regional, aprobada acompañando los presupuestos regionales, incluye la modificación de más de una decena de leyes. Entre las que se incluye la LOTAU, cuyo artículo 76 establecía la creación de un Patrimonio Público del Suelo en todos los ayuntamientos, financiado con un 5% de sus inversiones anuales. Esta obligación de financiación del PPS ha quedado suprimida.
Para el PCE, ese 5% es “un pilar clave de las políticas públicas de vivienda, pues es la financiación necesaria para que ayuntamientos y autonomía intervengan en el mercado inmobiliario y de alquiler, promoviendo vivienda pública, adquiriendo suelos o simplemente impulsando la rehabilitación de la vivienda ya existente”. Para este partido “Page una vez más hace políticas de derecha en plena crisis de precios y especulación inmobiliaria, dejando a los ayuntamientos sin una herramienta fundamental”.
Las y los comunistas conquenses también denuncian “la apuesta por el “ladrillazo” del Ayuntamiento de Cuenca, cuyo alcalde pretende que el viejo hospital sea derruido para construir casas”, tal y como ha manifestado recientemente en prensa. “Lo cual se suma a la operación especulativa que pretende en los terrenos de ADIF, junto a la patronal conquense CEOE”.
“Los gobiernos local y regional están echados al monte, de la mano de la especulación inmobiliaria y el ladrillazo”, señalan desde el PCE. “Page es incapaz de reconocer las principales capitales regionales como zonas tensionadas en materia de vivienda, tal y como le permite la ley aprobada por el gobierno de España. Y al mismo tiempo, limita políticamente a los ayuntamientos que pudieran escapar a su control”. Y se preguntan si es que “ni Page ni Dolz recuerdan cómo acabó el boom inmobiliario en 2008, con la crisis más profunda que ha sufrido la España democrática”.
Las militancia comunistas siempre ha defendido el derecho a una vivienda digna, ante la problemática en la localidad continúa desarrollando su campaña “La vivienda es un derecho, no un negocio. Nuestros derechos no se negocian”.