La Junta de Personal Funcionario de Cuenca denunció el riesgo de privatización con la nueva ley regional

La Junta de Personal Funcionario de Cuenca manifestó su preocupación ante el riesgo de privatización que supuso la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa de Castilla-La Mancha. Para mostrar su rechazo, convocó una concentración el pasado 26 de febrero a las 12:00 en la Delegación de la JCCM de Cuenca, en el Edificio Iberia.

La presidenta de la Junta de Personal, Idoia Merino, alertó sobre los peligros que conllevaba esta normativa impulsada por el Gobierno Regional. "García-Page presumió de que era una ‘colaboración público-privada’, pero, en realidad, la ley amenazaba con una disminución de las plantillas de empleo público, actualmente ya muy mermadas", señaló.

Entidades colaboradoras y su impacto en la gestión pública

Uno de los aspectos más polémicos de la ley fue la creación de las denominadas "Entidades Colaboradoras", a las que se les atribuyeron funciones de comprobación, inspección y certificación en diversos procedimientos y áreas de la Administración regional. Entre estas áreas se incluyeron servicios sociales, sanidad, urbanismo, gestión forestal, calidad ambiental, economía circular, actividad cinegética, patrimonio cultural, promoción empresarial, trabajo, empleo, formación profesional y turismo, además de cualquier otra materia de competencia de la Administración Regional.

Desde la Junta de Personal advirtieron que, bajo el pretexto de agilizar trámites administrativos, se abrió la puerta a la iniciativa privada en sectores clave. La ley otorgó una especial preponderancia a la Declaración Responsable, un mecanismo que pudo haber sido utilizado por las Entidades Colaboradoras para sustituir autorizaciones y licencias administrativas, lo que, según los denunciantes, generó perjuicios irreversibles para el interés general.

Además, otro punto crítico fue que estas entidades se financiaron mediante una prestación económica que los ciudadanos debían pagar por sus servicios, es decir, una tasa o tarifa. "Esto supuso trasladar un coste a la ciudadanía por la prestación de servicios que hasta ahora gestionaba la Administración pública", advirtieron desde la Junta de Personal.

Modificaciones normativas que debilitaron la gestión pública

El texto de la ley contempló modificaciones en diversas normativas, debilitando la gestión pública en lugar de reforzarla. Algunos ejemplos citados fueron:

• Ley de Servicios Sociales: pese a su especial protección, quedó sujeta a la regulación de esta ley, lo que podría haber abierto la puerta a su privatización.

• Ley de Patrimonio Cultural: se permitió el cambio de uso de bienes patrimoniales mediante una simple declaración responsable.

• Ley de Montes: las funciones de las Entidades Colaboradoras supusieron un golpe directo a la gestión forestal pública.

• Ley de Caza, Ley de Economía Circular y Ley de Evaluación Ambiental: en todas ellas se incluyeron medidas que, según los sindicatos, facilitaron la intervención del sector privado en competencias hasta ahora gestionadas por la Administración.

Rechazo sindical y reivindicación de una Administración ágil pero pública

Desde la Junta de Personal insistieron en que estaban a favor de una administración más moderna y eficiente, pero rechazaron que ello se hiciera a costa de debilitar el sistema público y permitir la entrada de entidades privadas en la gestión de servicios esenciales. Por ello, hicieron un llamamiento a la ciudadanía y a los empleados públicos a sumarse a la concentración del 26 de febrero para expresar su rechazo a esta ley y exigir una administración pública fuerte y garantista.