CSIF se ha concentrado en Castilla-La Mancha para protestar por el deterioro de las condiciones laborales en los servicios públicos y exigir el fin de recortes desde 2012. Rechazan el abandono de Muface y demandan mejoras salariales, condiciones de jubilación y la recuperación del poder adquisitivo perdido.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, se ha concentrado esta mañana frente las subdelegaciones de Gobierno de todas las provincias de Castilla-La Mancha en protesta por el deterioro de las condiciones laborales de los servicios públicos y sus trabajadores en diferentes ámbitos y para exigir el fin de los recortes que permanecen activos desde 2012 en la comunidad autónoma.
CSIF muestra su rechazo al abandono de Muface, un modelo de asistencia sanitaria que ha demostrado su eficacia durante décadas y del que se benefician más de 74.000 personas en Castilla-La Mancha.
La parálisis del Gobierno central con el bloqueo de la negociación colectiva llega a otros puntos clave como el rechazo a un nuevo acuerdo salarial plurianual vinculado al IPC y que permita recuperar todo el poder adquisitivo perdido (más de 20% desde 2010); equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas o la mejora de las condiciones de jubilación.
Toda esta problemática aumenta en Castilla-La Mancha debido a los recortes instaurados por Cospedal en 2012 y que García-Page mantiene doce años después. La carrera profesional, que se mantiene con la que se puede denominar como Ley Page-Cospedal, ratios, horario lectivo e interinidad en educación, restricciones en las contrataciones por motivos presupuestarios, eliminación del Plan de Acción Social, falta de efectivos… afectan al conjunto de servicios públicos de la comunidad autónoma.
CSIF ha guardado un minuto de silencio en señal de luto por las víctimas de la DANA, que en Castilla-La Mancha ha dejado siete personas fallecidas y daños materiales todavía por cuantificar. Cada vez que nuestra sociedad sufre alguna catástrofe, crisis sanitaria o cualquier situación de emergencia extrema, nuestros servicios públicos demuestran que son esenciales, pero desgraciadamente los gestores políticos caen una y otra vez en el error de minusvalorar su papel.
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