Las personas del PSOE y PP encargadas de la reforma del Estatuto, utilizaron la Exposición de motivos para mitificar la importancia de esa ley. La mitificación se refleja en los logros que atribuyen al Estatuto de 1982. Se le asigna como méritos el desarrollo económico, social y político de la región, que la comunidad se haya dotado de derechos y libertades, que Castilla-La Mancha sea, gracias al Estatuto, una sociedad cohesionada, integradora, esforzada, con capacidad innovadora y emprendedora. Lo que permiten estos éxitos pregonados sin evidencias es subrayar la importancia del proyecto Estatuto y persuadirnos de la conveniencia de blindar las instituciones autonómicas.
Todas las instituciones y el arsenal de medidas incluidas en el proyecto se blindan, para que no se puedan suprimir sin contar con una mayoría cualificada en las Cortes. Es lo que sucede con la norma que establece que el Gobierno regional disponga del Decreto-Ley para dictar disposiciones en caso de urgencia. Lo mismo con la inclusión como norma estatutaria del aumento del número de diputados en las Cortes y el nombramiento de representantes regionales en las instituciones europeas. También se blindan instituciones resucitadas como la Defensoría del pueblo, o ya existentes como el Consejo Consultivo; la Cámara de Cuentas, el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno y el Consejo de Diálogo Social.
De las medidas mencionadas, está dando lugar a polémica el aumento de representantes en las Cortes regionales (de 25 a 59) y su distribución entre las distintas provincias en que se divide el cuerpo electoral. El proyecto de Estatuto establece en el artículo 24.4 que “el sistema electoral es de representación proporcional a la población y asegurará la representación adecuada de las provincias de Castilla-La Mancha”. Una apropiada representación es la que garantiza que la ciudadanía se sienta escuchada y no olvidada o excluida de las instituciones políticas y los medios de comunicación.
Si se desea contar con una representación adecuada del territorio de las provincias despobladas de la región, la asignación de diputados debería realizarse de acuerdo con lo que establece el artículo 84.5 del proyecto de Estatuto. Según este artículo, para determinar la asignación de financiación que dentro de las Comunidades corresponde a Castilla-La Mancha, “se ponderarán adecuadamente los factores de superficie territorial, dispersión demográfica, baja densidad y envejecimiento de la población de la Comunidad”. Esta fórmula de financiación, aplicada a la distribución de diputados regionales garantiza más equidad en la representación de las provincias. Aunque dar consistencia a la democracia exija además que quienes ejerzan como representantes tengan en cuenta los intereses y problemas reales de las personas y sus iniciativas, de lo contrario provocan desencanto y propician que la ciudadanía se deje seducir por organizaciones populistas que se presentan como portavoces de la dignidad burlada.
Fernando Casas Mínguez
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