Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso EFE, las dos mujeres, que ahora tienen 62 y 74 años y sin antecedentes penales, fueron nombradas en 2008 por la Junta de Comunidades administrativa y secretaria, respectivamente, de la ya extinta Cámara Agraria Provincial de Cuenca.
Desde entonces y hasta 2015, según dicho escrito, se dedicaron a realizar transferencias y a cobrar talones, apropiándose de un total de 326.587 euros.
La secretaria era la encargada de gestionar los bienes e ingresos de la Cámara, de ordenar transferencias y librar talones a cuenta; mientras que la administrativa servía de apoyo a la primera.
Ambas, prosigue el Ministerio Fiscal, lo hicieron "con intención de obtener un beneficio económico y puestas en común acuerdo para ello".
En lo que se refiere a las transferencias, generaban el oportuno documento, que se pasaba a la firma de alguno de los miembros de la directiva, donde constaba como destinatario el ayuntamiento de la población en cuestión; si bien el número de cuenta de destino no era el correcto, sino que correspondía a una cuenta de titularidad de alguna de las acusadas, de sus familiares o de titularidad conjunta con ellos.
En cuanto a los talones, las acusadas generaban el oportuno documento, y bien lo pasaban a la firma de alguno de los miembros de la directiva sin explicar correctamente el motivo de la emisión del cheque; o bien, directamente, imitaban su firma en el talón para cobrar el mismo.
Por todo ello, el Ministerio Fiscal solicita para cada una de las acusadas seis años de prisión y quince años de inhabilitación absoluta, así como indemnizar a la Cámara Agraria con el dinero apropiado.