La investigación se originó después de que los agentes de la Policía Nacional tuvieran constancia de que había dos centros de trabajo en Cuenca, uno en la capital y otro en el municipio de Villar de Ollala, que estaban contratando ciudadanos extranjeros sin contar con el preceptivo permiso de trabajo que requiere la legislación.
Tras realizar las oportunas inspecciones junto con los funcionarios de la Inspección Provincial de Trabajo, se comprobó que los trabajadores habían aportado documentación falsa para formalizar los contratos. Concretamente, tres de ellos habían hecho entrega a sus empleadores de resguardos de solicitud de protección internacional que habían sido alterados.
El cuarto detenido había presentado al empresario una tarjeta roja de solicitante de protección internacional en la que también se habían realizado cambios que eran únicamente podían ser detectados por los agentes que habitualmente realizan este tipo de documentos.
Las diligencias tramitadas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial y de la Fiscalía de Cuenca.