Así lo ha reclamado Mozo este lunes preguntado por el asunto en declaraciones a los medios en Cuenca, antes de inaugurar unas jornadas sobre el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, en las que participan 25 jueces y magistrados de toda España.
Mozo ha expresado su deseo de que la renovación del CGPJ se produzca a la mayor brevedad posible, una vez celebradas las próximas elecciones generales, dado que el actual lleva cuatro años y medio sin renovarse, desde finales de 2018.
En este sentido, Mozo ha reconocido que su no renovación constituye una anomalía constitucional y democrática que origina perjuicios, a la vez que ha defendido que el funcionamiento de la institución debe ser lo "prioritario" en defensa de los derechos de los ciudadanos.
Así, ha lamentado que la no renovación conlleve perjuicios, como por ejemplo el hecho de que en el Tribunal Supremo (TS) existan vacantes que no se han cubierto, por lo que llevan sin realizar nombramientos desde marzo del año 2021.
"Todo funcionaría mejor si se pudieran haber llevado a cabo los nombramientos pendientes por jubilaciones, por expiración de los mandatos de los magistrados de Tribunal Supremo o Audiencias provinciales", ha señalado Mozo.
Junto a Mozo -natural de Arcos de la Sierra (Cuenca)-, en la inauguración de las jornadas también ha participado la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, quien ha destacado que, de los 2.118 expedientes que tramitaron el año pasado, más de la mitad correspondieron a reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
Precisamente, esa responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial y a consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia ha centrado la ponencia del consejero permanente del Consejo de Estado, Fernando Ledesma.
Asimismo, este lunes en la Fundación Antonio Pérez de Cuenca -sede de las jornadas-, se ha celebrado una mesa redonda en la que han participado varios magistrados, como María Alicia Sánchez Cordero, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Las jornadas continúan este martes, 6 de junio, con la ponencia del magistrado en excedencia Joaquín María Vices de la Cortada, quien abordará la responsabilidad del Estado legislador, y concluirán el miércoles con la ponencia sobre ética judicial de la catedrática de Filosofía del Derecho, Cristina Hermida.
En general, durante tres días, los ponentes debaten sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, la responsabilidad por aplicación de una norma declarada contraria del Derecho de la UE o la responsabilidad del Estado legislador.
Las jornadas han sido organizadas por el Servicio de Formación del órgano de gobierno de los jueces y están dirigidas por la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional María Alicia Sánchez Cordero.