Ambos responsables institucionales han defendido, en una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación, que el derribo de este muro, uno de los primeros pasos incluidos en el plan “XCuenca” para integrar los terrenos ferroviarios en la ciudad, se ha hecho con todos los permisos y requerimientos legales.
Han avanzado que tienen hasta el lunes 24 de abril para presentar alegaciones al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cuenca que ha paralizado cautelarmente la demolición, y han confiado en que haya una resolución y se puedan retomar los trabajos “a la mayor brevedad posible”.
Tanto Dolz como Martínez Chana han denunciado que hay un interés “político” por parte de la abogada del Colegio de Arquitectos, que es la concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cuenca.
Han recordado que también llevó a los tribunales la adquisición del edificio del antiguo ICONA y, aunque perdió en primera instancia, luego lo recurrió.
Pese a ello, han afirmado que las medidas judiciales no van a paralizar el plan “XCuenca” ya que están convencidos de que es “beneficioso para la ciudad y la provincia”, y permitirá salvar la brecha urbana que suponen las vías del tren desde hace décadas.
También han incidido en que el recurso de reposición interpuesto por el Colegio de Arquitectos contra esta actuación está todavía en plazo de contestación por parte del Ayuntamiento, hasta el 5 de mayo, y que los servicios jurídicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo lo están estudiando.