En el BOE del día 20 de diciembre de 2022, se publicó la Ley 26/2022, (que es una modificación de la Ley del Sector Ferroviario), y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Es decir, desde el día 21 de diciembre, es de aplicación lo que dice el artículo 5 de la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario:
En la nueva redacción de su artículo 5, se dice:
«1. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hará pública la estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de la Red Ferroviaria de Interés General destinada a satisfacer las necesidades futuras de movilidad. Esta estrategia, que cubrirá un período temporal de, al menos, cinco años, será renovable, establecerá un marco general de prioridades y financiero y estará basada en la eficiencia económica y social y en la financiación sostenible del sistema ferroviario, y tendrá en cuenta, en su caso, las necesidades globales de la Unión Europea. Se establecerá tras la tramitación del procedimiento en el que, en los términos que se establezcan reglamentariamente, se dará audiencia a las administraciones públicas
autonómicas y locales afectadas y a los demás interesados.
La estrategia deberá realizarse desde una perspectiva intermodal para garantizar la optimización de los recursos invertidos y su asignación eficiente entre modos de transporte que proporcionen una cobertura adecuada de transporte público en todo el territorio.
“No obstante, dicha intermodalidad debe tener en cuenta el déficit histórico en la inversión en líneas de ferrocarril convencional y su uso compatible con las mercancías, así como el papel esencial que el ferrocarril convencional juega en la vertebración de la España vaciada.
Por razones de interés general, y en tanto se alcancen los objetivos de neutralidad climática que establece el “Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030” en el horizonte 2050, se garantizará el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras existentes que se encuentren afectas al servicio ferroviario, así como la modernización de las líneas de tren convencional, se
mejorará la inversión en cercanías ferroviarias y, en su caso, la construcción de nuevas infraestructuras de comunicación con el fin de garantizar la accesibilidad y conectividad territorial”.
En el BOE del 30 de diciembre se hace pública la Estrategia Indicativa mencionada anteriormente, para el periodo 2021-2026, seleccionando el escenario 2 que “implica el cambio de paradigma en la política de transportes y su reflejo en la inversión pública, en la que se fomenta la movilidad cotidiana del ciudadano y la rentabilidad social de las actuaciones propuestas. Para ello, en el conjunto del período temporal cubierto por la Estrategia, al menos el 50 % de las inversiones se destinarían a la mejora de la red convencional, mientras que el 50 % restante se dedicaría a completar las actuaciones en la red de alta velocidad. Asimismo, este escenario contempla un incremento de los recursos destinados al mantenimiento de la red.
En ese documento sigue figurando la línea 310 Aranjuez Cuenca Valencia, como Red Ferroviaria de Interés General, aunque en el “Plan X Cuenca”, se decía que sería excluida de esa red, en el último trimestre de 2022.
¿Todo esto va con Cuenca? ¿O no es de aplicación en esta provincia y estamos excluidos de la legislación del Estado?
¿Qué consecuencias tiene esto para el “Plan X Cuenca”, teniendo en cuenta que hasta ahora no ha sido aprobada legalmente la clausura de la línea 310 en el tramo Tarancón – Utiel, que es la base de todo ese Plan?
Pero no nos engañemos, en el Consejo de Ministros del día 20 de diciembre de 2022, un día antes de la entrada en vigor de esa nueva Ley, se aprueba el ACUERDO por el que se inadmite la solicitud presentada por trece entidades locales instando que se inicie el procedimiento de revisión de oficio para la declaración de nulidad del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 22 de marzo de 2022, por el que se modifican las Obligaciones de Servicio Público (OSP).
¿Que decía ese acuerdo de 22 de marzo de 2022?: Que se suprimían los trenes de viajeros en el tramo Aranjuez Utiel y se empezaba a ejecutar el “Plan X Cuenca”.
Y ese mismo día 20 de diciembre, se aprueban en el Senado los Presupuestos Generales del Estado, (PGE) para el año 2023, en los que hay CERO euros para la línea Aranjuez- Cuenca - Utiel, a la vez que se consignan partidas presupuestarias para subvencionar a la Junta de Comunidades de CLM y al Ayuntamiento de Cuenca, al objeto de financiar los autobuses del ASTRA, la lanzadera al AVE y los que pretenden sustituir a las OSP de la línea convencional. Ayudas, condicionadas a que la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de Cuenca colaboren en el procedimiento de clausura de la línea 310 entre Tarancón y Utiel, ignorando al resto de instituciones afectadas.
Además, en la Ley de acompañamiento de esos PGE de 2023, se aprueba para líneas de alta velocidad, lo que nos vendieron que era exclusivo para Cuenca, a cambio de clausurar nuestra línea.
Así que quedan sometidos a Obligaciones de Servicio Público los servicios ferroviarios de media distancia prestados sobre la red de alta velocidad para los viajeros recurrentes que utilizan títulos multiviaje, en las siguientes relaciones ferroviarias: Madrid-Palencia; Madrid-Zamora; León-Valladolid; Burgos-Madrid; León-Palencia; Burgos-Valladolid; Ourense-Zamora; Palencia-Valladolid; Huesca-Zaragoza; León-Segovia; Segovia-Zamora; Palencia-Segovia; Medina del Campo-Zamora.
Pocos días después, los Ayuntamientos afectados por el cierre de nuestra línea convencional, recibían también un escrito por el que el Ministerio inadmite lo solicitado para que se declarara la nulidad del procedimiento que se está siguiendo para su clausura.
Es claro que para el Consejo de Ministros, para el Ministerio y para ADIF, en la provincia de Cuenca no es de aplicación la legislación del Estado. Todo ello, claro está, con el concurso, el estímulo y la aprobación de los Gobiernos del PSOE de la Junta de Comunidades, de la Diputación y del Ayuntamiento de Cuenca.
Nos queda una última esperanza. Impedir con las acciones que sean posible, que la línea sea clausurada legalmente, aunque de hecho actúan como si ya lo estuviera. Y que en futuros Presupuestos Generales del Estado, se consignen las partidas necesarias para su modernización, después de muchos años de abandono.
Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y Social de Cuenca