El juzgado de lo Penal número 2 de Cuenca está juzgando desde este lunes a siete exconcejales de Tarancón acusados de un delito contra la hacienda pública, que se enfrentan a una petición de condena de tres años de cárcel para cada y a pagar 1,7 millones de euros de multa por un IVA no repercutido durante la urbanización del polígono 'Senda de los Pastores' en 2009.
Los acusados son el exalcalde Raúl Amores y seis concejales de PSOE, PP e IU que en 2009 formaban parte del Consejo de Administración de la empresa Tarancón Industrial S.A. (Tainsa), a los que el fiscal y la Abogacía del Estado achacan haber realizado una incorrecta equidistribución de las cargas en los trabajos de urbanización del polígono, y que supondrían un IVA no repercutido de 893.000 euros.
Desde la Fiscalía de Cuenca han apuntado que Tainsa "regaló" a la empresa Quinarius más de 5,5 millones de euros, mientras que el exalcalde y expresidente de la empresa pública Raúl Amores ha defendido que Quinarius aportó al Ayuntamiento de Tarancón más de medio millón de metros cuadrados de suelo.
Asimismo, Amores ha asegurado, al igual que han hecho la mayoría de los acusados, que todos los trámites del Plan de Actuación Urbanizadora (PAU) se hicieron con el respaldo unánime del pleno municipal, sin informes desfavorables ni reparos de los técnicos municipales, y que contó con todas las autorizaciones legales de la Comisión Provincial de Urbanismo, que depende de la Junta de Comunidades.
En sus declaraciones, los procesados han rechazado que haya existido ningún delito tributario, y uno de los peritos llamados por la acusación, una catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la UCLM ha indicado que la operación realizada por Tainsa “no da pie al hecho imponible” ya que se trata de “autoconsumo”, recogido en la Ley del IVA.
Varios de los abogados defensores han cuestionado también que el informe de la Inspección de Hacienda de 2013 estableciese el devengo del IVA en el segundo trimestre de 2009, sin causas que consideren justificadas, mientras que si lo hubieran establecido en 2006, cuando se reflejaba en los convenios, cualquier presunto delito habría prescrito.
La acusación no ha realizado apenas preguntas a dos de los acusados, Lourdes Luna y Luis Daniel López, que no eran miembros del Consejo de Administración de Tainsa en el momento del presunto delito.
Ninguno de los acusados tiene antecedentes penales y llevan con sus bienes embargados desde 2013.
La vista oral se reanudará este martes con los informes de conclusiones de las partes.