La plataforma en defensa del ferrocarril público y social de Cuenca ha calificado de "rotundo fracaso" el Plan X Cuenca de transporte alternativo a demanda tras la supresión del tren convencional Madrid-Cuenca-Valencia y ha acusado a sus impulsores de "privatizar" un servicio público en favor de las concesionarias de autobuses.
En una nota, la plataforma ha recordado que han transcurrido cien días desde que se suprimió la conexión ferroviaria entre Aranjuez (Madrid), Cuenca y Utiel (Valencia), mientras que el plan alternativo ha supuesto un "rotundo fracaso" y la privatización de un servicio, "un hecho insólito en Europa".
Asimismo, la plataforma ha asegurado que el transporte alternativo por carretera duplica los tiempos de viaje y cuadruplica los precios del transporte que tienen que pagar los usuarios.
Según la plataforma, el plan presenta "muy bajos niveles de utilización" y "aprovechamiento" y aseguran que es "altamente deficitario".
"En definitiva, no cumple con los principios de eficiencia, economía, sostenibilidad y equidad, que los ciudadanos deben exigir a las administraciones", ha agregado la nota.
Así las cosas, esta plataforma ha opinado que es hora de que "la ciudadanía construya una movilidad moderna y adaptada a las necesidades de las personas", al tiempo que han reclamado que los firmantes del Plan X Cuenca (Gobierno central, regional y local) comparezcan para abordar este asunto.
También han pedido conocer el número de usuarios de los servicios Astra de autobús para mejorar la conexión con las localidades del cinturón de la capital y los usuarios del servicio AVANT.
Por su parte, en una nota, el sindicato CCOO ha opinado que el cierre parcial de la línea ferroviaria ejecutado el pasado 19 de julio "no es definitivo" puesto que, más de tres meses después, el Consejo de Ministros sigue sin declarar su clausura.
Según el sindicato, esto es un “requisito imprescindible" para que cese la prestación del servicio ferroviario por lo que reclaman su "reanudación inmediata".
Asimismo, ha recordado que el Ministerio, ADIF y Renfe no han respondido todavía a las alegaciones y requerimientos planteados por CCOO y por la práctica totalidad de los ayuntamientos afectados" por la clausura irregular de la línea en base a toda una parafernalia de actuaciones, protocolos y convenios sin sustento legal".