El presidente García Page decía en mayo de 2013 “vamos a pelear a muerte por evitar el cierre de líneas de tren convencional en Castilla-La Mancha”. En julio de 2019 se comprometió ante las Cortes a la electrificación de todas las líneas. Sin embargo, en enero del 2022 presionó al ayuntamiento de Cuenca para que apruebe el protocolo para la destrucción de la línea Madrid-Cuenca-Valencia. ¿Eso quiere decir que Cuenca no está en Castilla-La Mancha? No, lo que quiere decir es que el presidente ha mentido.
El protocolo para la destrucción del ferrocarril (denominado de movilidad), aprobado el día tres de marzo de 2022, en un pleno extraordinario del ayuntamiento de Cuenca, quizá sea fraudulento. Se insistió durante el pleno en que el protocolo es un documento sin validez jurídica y no vinculante. Se podría designar como una chapuza jurídica confeccionada a gusto del Ministerio de movilidad, transportes y agenda urbana (MITMA) para engañar a la provincia de Cuenca.
Los portavoces de los grupos promotores del protocolo, (PSOE y la agrupación de electores Cuenca nos Une), justificaron en el pleno el pretencioso protocolo de la destrucción, atacando la línea del ferrocarril y alabando el plan equis del MITMA para Cuenca. Llegaron a decir sin inmutarse, en presencia de los trabajadores de la Agencia de infraestructuras ferroviarias (ADIF), que modernizar la línea costaba 500 millones de euros, cuando ADIF había presupuestado 145 millones. Los trabajadores aguantaron indignados, en un respetuoso silencio, las falsedades de los concejales del PSOE y Cuenca nos Une (popularmente conocida como la agrupación de Cuenca Nos Hunde).
El protocolo es una chapuza, porque versa sobre asuntos que no son competencia municipal, pero como no tiene validez jurídica ni obliga, en él puede caber de todo. Oyendo hablar al alcalde y a los ediles defensores de la destrucción, la pregunta que surge inevitable es ¿qué sentido tiene celebrar un pleno extraordinario, para aprobar algo que carece de valor jurídico y no obliga?
Pues bien, quizá el interés por aprobar un protocolo fraudulento, sin valor y que no obliga es porque vacía de competencias urbanísticas al Ayuntamiento y nombra a la persona del alcalde de Cuenca el negociador único y supremo del acuerdo con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, ADIF y la Junta de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Este nombramiento, incluido en el protocolo, fue aprobado mediante voto a mano alzada cuando, según la ley, lo correcto es que se lleve a cabo mediante una votación secreta, salvo que se considere que el alcalde no es persona.
En un Estado de derecho, donde los poderes públicos están bajo el imperio de la ley, este nombramiento irregular plantea una pregunta: ¿qué validez tiene un nombramiento que figura en un protocolo que no obliga, ni vale jurídicamente? Y en el supuesto de que tenga validez el chapucero nombramiento del protocolo, surgen otras cuestiones que no son baladí ¿por qué se despoja al ayuntamiento de sus competencias urbanísticas y se concede al alcalde un poder sin límites? ¿acaso se puede mediante un protocolo que no obliga ni tiene validez, anular la democracia municipal para instaurar una dictadura ad hoc?
Pasando por alto el discutible procedimiento seguido para la aprobación de algo sin valor jurídico, el protocolo es un fraude porque atribuye al ayuntamiento de la ciudad facultades que no tiene, relativas al funcionamiento del tren de Alta velocidad. Asimismo, es fraudulento el protocolo, porque invade competencias de otros municipios y aprueba, sin escrúpulos, la destrucción del servicio público de ferrocarril que afecta a treinta localidades.
Es un verdadero escándalo que el Pleno del Ayuntamiento de Cuenca capital se atribuya competencias que no posee ni puede poseer, como la de analizar y valorar lo que el plan de destrucción de la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia pueda significar para otros treinta municipios. Invadir la autonomía de los municipios constituye un abuso de poder y vulnera gravemente la Constitución española.
También se excede el ayuntamiento en sus atribuciones, cuando considera como un hecho irrebatible, que el plan EquisCuenca, para la destrucción del ferrocarril, beneficia a la capital, sin haberla consultado. No obstante, la mayor afrenta que el ayuntamiento y la Junta perpetran contra la ciudadanía es dar por supuesto que las personas de la ciudad de Cuenca son tan deshonestas, como para negociar que les amplíen sus oportunidades de viaje en Alta Velocidad, a cambio de que treinta localidades se queden sin ferrocarril. Olvidan nuestros políticos, que lo que para ellos es normal, a la ciudadanía le suele parecer una indecencia.
Por lo tanto, a la vista del indecente y fraudulento protocolo aprobado, la única salida que nos queda es impugnarlo y exigir su inmediata anulación. Para lo cual debemos llevar a cabo movilizaciones y actos de rebeldía cívica. No debemos consentir que el PSOE atente impunemente contra la Constitución, el Estado de Derecho, desprecie la democracia, los derechos fundamentales y atropelle la dignidad de la ciudadanía de Cuenca.
Debemos luchar, porque es inaceptable que, mediante una actuación inconstitucional y abusiva, el PSOE destruya la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia. Es indignante que los socialistas aplasten a los pueblos de las zonas vaciadas de la región, con su ejercicio despótico del poder. Sigamos las recomendaciones que dio García Page en el año 2013, porque es la única salida decente: “dar la batalla para evitar el cierre de la línea de ferrocarril”.
Fernando Casas Mínguez
Profesor de Ciencia Política