Los representantes del PSOE que gobiernan la Junta, la Diputación de Cuenca y el Ayuntamiento, sostienen que “les votaron para que no hubiera interferencia partidaria en las decisiones que tomaran las tres instituciones, en favor de la provincia y de la capital”.
Esta declaración de Martínez Guijarro, hablando del ferrocarril, da por hecho que les votaron para destruir la línea. Y que las tres instituciones tienen un poder sin control para hacer lo que quieran.
Todo lo cual es falso: ni les votaron para destruir la línea, ni disponen de un poder sin límites. Los partidos en democracia están sometidos a la Constitución y obligados ante los ciudadanos a rendir cuentas por su programa electoral.
El programa electoral del PSOE, que es un contrato con la ciudadanía (según García Page) exigía la modernización de todas las líneas de ferrocarril de la región, rechazando la destrucción de una sola, para no provocar agravios ni conflictos.
A la vista del programa, el empeño de las tres instituciones por la destrucción del ferrocarril es una actuación deshonesta, contraria al programa votado por los ciudadanos y que los dirigentes del partido se comprometieron a cumplir en las Cortes regionales.
Si pretendían la destrucción del tren, deberían haber tenido el valor de incluir la propuesta en su programa y explicarla al pueblo soberano durante la campaña electoral. No lo hicieron, por lo tanto, la pretensión de las tres instituciones de desmantelar la línea sacándola del Catálogo de la Red Ferroviaria de Interés General, vulnera la democracia.
Haber ganado las elecciones regionales, provinciales y locales no da derecho a un partido para actuar con engaño ni abusar del poder. Engañan cuando endosan exclusivamente al ministerio de transportes la destrucción de la línea Madrid-Cuenca-Valencia, ocultando la obligatoriedad que establece la ley de oír las Comunidades Autónomas, por cuyo territorio discurra la línea cuando pretenda ser modificada.
A esta falsedad sobre la competencia exclusiva, hay que añadir otra sobre el futuro del ferrocarril. El programa de gobierno del PSOE exigía recuperar el ferrocarril como una “infraestructura esencial”. Por este motivo, apoyó Martínez Guijarro la línea Chinchilla-Cartagena, argumentando que el ferrocarril era vital para la vertebración y la fijación de la población del territorio. Y aludió a que el ferrocarril es fundamental para mantener viva la esperanza de crecimiento con el tren.
Pero el vicepresidente no tiene el menor inconveniente en proponer la destrucción de la línea de Madrid-Cuenca-Valencia, incitando a que el ayuntamiento y la diputación de Cuenca le sigan. Causa asombro observar hasta qué punto en nombre del gobierno, Martínez-Guijarro está dispuesto a hacer en Cuenca lo contrario de lo que defiende en Albacete o Toledo.
Las incoherencias discursivas del vicepresidente, son variadas. En las Cortes regionales, argumenta con pasión sobre el futuro del ferrocarril, hablando de la necesidad de mantener la línea que beneficia a la provincia de Albacete. Pero viaja a Cuenca y propone la destrucción del ferrocarril, porque el tren no tiene futuro.
En Toledo habla del ferrocarril como transporte seguro y sostenible, pero llega a Cuenca y declara que “el tren contamina más que la autovía”. El vicepresidente tampoco cree que valgan para Cuenca las recomendaciones de la Unión Europea, de transformar la economía mediante la modernización del ferrocarril.
Quizá defendería con más interés la línea del ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia si se lo pidieran los empresarios. Porque el vicepresidente de Castilla-La Mancha es muy obsequioso con ellos. En Valencia llegó a afirmar que quería “atender a todas aquellas empresas que quieran venir a la Comunidad Autónoma poniéndoles una alfombra roja” y anima a que inviertan en la región porque contamos con una cantidad de fondos europeos, superior a los 8.830 millones de euros.
Sin embargo, la actuación del vicepresidente con la ciudadanía de la provincia de Cuenca es denigrante. Desprecia sus votos, impulsando la destrucción del ferrocarril. Engaña sin escrúpulos, declarando que el tren no tiene futuro y rechaza invertir en Cuenca para modernizar el ferrocarril con fondos europeos.
Es muy grave que los dirigentes del PSOE pretendan hacernos creer que están democráticamente legitimados para imponer, sin la adecuada deliberación, una decisión vital para el futuro de la provincia. Es un abuso de poder que promuevan la destrucción del ferrocarril, vulnerando las reglas del juego democrático y valiéndose de falsedades, bonos de AVE, privatizaciones de terrenos públicos, subvenciones deportivas y chantajes, como si no tuvieran que rendir cuentas de sus actuaciones.
Por ese motivo, quienes representan a todos los partidos, deberían actuar con coraje cívico, en defensa del sentir de la ciudadanía que los eligió y exigir que se actúe con decencia, en vez de colaborar con su voto o su abstención, a erosionar las instituciones democráticas y sacrificar el futuro de la provincia, por miedo o intereses inconfesables.
Fernando Casas Mínguez
Profesor de Ciencia Política