La delegada de la Junta de Comunidades en Cuenca, María Ángeles Martínez, ha puesto en valor la “pionera” Ley de Despoblación de Castilla-La Mancha, que “nos sitúa como referentes a nivel nacional en la lucha contra esta lacra”. Según ha recordado, esta normativa prioriza la lucha contra la pérdida demográfica en el medio rural con medidas económicas, sociales y tributarias.
Martínez se ha referido así a las declaraciones de Manifiesto por Cuenca, subrayando que “no hay mejor plan para trabajar en frenar la despoblación que esta ley que incorpora novedosas medidas como la inclusión de la política fiscal, incentivos que sin duda son claves para impulsar la creación de tejido productivo en la provincia y, con ello, fijar población”.
La responsable conquense ha incidido en que este problema que sufre Cuenca “lo padecen también otras provincias que tienen igualmente una muy baja densidad de población”, recordando que Cuenca tiene 11,4 habitantes por kilómetro cuadrado, Soria 8,64 y Teruel 9,6. “No es un problema específico de Cuenca, pero en nuestro caso tenemos el problema añadido de que somos una provincia muy amplia con núcleos de población muy pequeños”, ha añadido.
De ahí que las medidas que incluye la Ley contra la Despoblación de Castilla-La Mancha, ha subrayado, son “especialmente interesantes” para Cuenca. Y pone ejemplos como el incentivo de hasta un 40% para las empresas que se instalen en zonas despobladas o las desgravaciones que se plantean de hasta el 25% del tramo del IRPF autonómico para las personas que tengan estancia efectiva en zonas rurales y de hasta el 15% para la adquisición o rehabilitación de una vivienda en el medio rural.
Además, destaca que esta normativa garantiza los servicios públicos en provincias como la nuestra, blindando la sanidad, educación y servicios sociales como la atención a la dependencia, y añadiendo además el transporte público, el acceso a la cultura, el ocio, el ámbito digital... “Servicios que, sin duda, son básicos para que las personas que viven en el medio rural”.
María Ángeles Martínez ha apuntado, por tanto, que “tanto el Gobierno regional como el resto de instituciones gobernadas por el PSOE en esta provincia sabemos de las necesidades de Cuenca, porque somos de aquí y vivimos aquí, y estamos poniendo los cimientos para resolverlas”.
Y ello pese a que “no es una lucha fácil, puesto que es un problema muy complejo y con muchos matices, pero precisamente por ser una ley transversal hace frente a todos los ámbitos, como la cohesión económica, social y territorial. Nuestro objetivo claro es garantizar los servicios básicos y el crecimiento económico, así como que haya oportunidades de empleo de calidad en las áreas rurales, y en ello estamos poniendo nuestro empeño”.