Existe un conflicto con la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia, de cuya solución depende el futuro de la provincia de Cuenca y de la región. Los protagonistas del conflicto son, de una parte, la empresa pública Adif y, de la otra, la ciudadanía.
Adif, empresa pública que construye estaciones de AVE por donde nunca pasará un tren (como la estación en O Páramo, en Lugo) y cuya gestión es considerada, por el Tribunal de Cuentas Europeo, como poco rentable, ineficiente e ineficaz, propugna la destrucción de la línea de ferrocarril.
De otra parte, la ciudadanía, representada por la agrupación Pueblos con el Tren y multitud de municipios, colectivos, asociaciones, partidos políticos, sindicatos, y personas particulares, defiende la mejora del tren convencional. La postura de la ciudadanía está en línea con la propuesta de la Unión Europea, de transformar la economía de la Unión mediante la mejora del ferrocarril convencional, para conseguir en la Unión un desarrollo sostenible.
Ahora bien, como intentaremos mostrar en este artículo, la postura defendida por la ciudadanía, también coincide con el programa de gobierno, que el presidente de la región Emiliano García-Page, defendió ante las Cortes al comienzo de la legislatura. En efecto, durante el debate de investidura a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, celebrado el día dos de julio de dos mil diecinueve, el entonces candidato y hoy presidente, habló de exigir la electrificación del ferrocarril convencional.
Pero antes de abordar el contenido concreto de la propuesta, es conveniente examinar qué principios consideraba García-Page que debían presidir la acción de su gobierno y cuál iba a ser su forma de hacer política.
Al tratar sobre los principios, proclamó que Castilla-La Mancha tenía que ser “un alarde de transparencia”; haciendo hincapié en que “acuerdo, cumplimiento y transparencia” iban a ser “los tres principios elementales que iban a atravesar el proyecto”.
En relación con la manera de hacer política, quiso dejar claro que entendía la política como diálogo. De ahí que insistiera en que su pretensión era ser, “el presidente de todos y de todas las ciudadanas de Castilla-La Mancha, me hayan votado o no me hayan votado”. Afirmó, asimismo, que había “que trabajar ... a favor de todos. En todo caso, nunca contra nadie”. Por lo cual, se comprometía a “buscar acuerdos para que la región avance en el ámbito social y en el ámbito económico”.
El asunto del ferrocarril, fue abordado en el apartado de la “agenda de Estado para Castilla-La Mancha”. Dentro de esta agenda, se refirió García-Page al ferrocarril como “una de las infraestructuras esenciales”, señalando como objetivo clave la electrificación ferroviaria. Defendió la electrificación del ferrocarril entre “los proyectos que, aunque han tenido retraso incluso técnico, ya...tienen que avanzar”, precisando en su discurso que iba a exigir “la electrificación de todas las vías, para que nadie entre en conflicto ni en agravio”. Argumentó esta exigencia en los términos siguientes: “tenemos que dar ese salto en el conjunto del país, porque, de otra manera, ya no podemos avanzar. Resulta que vamos a terminar quitando todo el gasoil, sin haber electrificado, por lo menos, las líneas férreas”. Es decir, que en opinión de García-Page, para dar el salto y avanzar, se debe mejorar el ferrocarril.
A la vista de esta contundente propuesta sobre el ferrocarril, nos podemos preguntar: ¿qué importancia debemos otorgar a la exigencia de “electrificación de todas las vías ...para avanzar”, incluida en el programa de gobierno? No cabe la menor duda, de que la propuesta tiene una enorme importancia, porque como se encargó de proclamar durante su intervención, el propio García-Page, su programa era como “un contrato con la ciudadanía”, que estaba dispuesto, “no solo a cumplir, sino a superar”.
Pues bien, considerando el compromiso contractual adquirido con su programa de gobierno, si el presidente cambia su exigencia de electrificar la línea Madrid-Cuenca-Valencia, por la eliminación del ferrocarril, estaría defraudando a la ciudadanía. Y un presidente que defrauda a la ciudadanía, con su deslealtad produce desconfianza.
Es muy posible que si García-Page incumple su programa, después de haber proclamado, ante las Cortes, que los principios de su proyecto eran “acuerdo, cumplimiento y transparencia”, además de destruir el ferrocarril, erosione el prestigio de las instituciones representativas del gobierno regional, porque hablar en falso, daña seriamente el sistema democrático.
Fernando Casas Mínguez
Profesor de Ciencia Política